Sahara Occidental: el proyecto de régimen de autonomía marroquí como solución neocolonial

 

Desde hace décadas, el gobierno marroquí busca imponer como única solución a la cuestión del Sahara Occidental – territorio que detenta desde 1975 – un régimen de autonomía, rechazando de plano el derecho de los saharauis a decidir su destino libremente. Estados Unidos, España, Francia y otros países europeos, como alguno africano, apoyan esta tesitura, que a nuestro entender es legitimar el atropello al Derecho Internacional y la voluntad del pueblo saharaui.

Por el Dr. Jorge Alejandro Suárez Saponaro.

Centro de Estudios del Sahara Occidental – Universidad Santiago de Compostela.

 

El proyecto de autonomía marroquí, nació como respuesta al denominado Plan Baker. Este aprobado por Naciones Unidas, consistía en un régimen de autonomía de cinco años, para luego convocar un referéndum sobre autodeterminación. La respuesta marroquí no se hizo esperar y en 2004 presentó su propuesta al respecto. Cabe señalar que Rabat en 1985 - señalado por el jurista español, Dr. Carlos Ruiz Miguel – de la mano del rey Hassan II, en plena guerra del Sahara, propuso un régimen especial de autonomía para los saharauis. La propuesta de Rabat fue presentada formalmente en 2004 y en uno de sus puntos señalaba: “…el estatuto de autonomía, resultante de las negociaciones, será sometido a una consulta mediante referéndum de las poblaciones concernidas, conforme al principio de la autodeterminación y de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas…”.  El término autodeterminación, es una contradicción desde la postura marroquí, dado que implica que el destino del territorio está en manos de la población originaria (los saharauis) algo que Rabat rechaza de plano. El texto señalaba que el régimen de autonomía sería aprobado por referéndum. Desde la postura de Marruecos sus “derechos” sobre el Sahara Occidental están fuera de discusión y cierra la puerta a cualquier debate que implique el reconocimiento del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, donde la doctrina y jurisprudencia internacional han sido más que claras al respecto, incluso el mismo gobierno marroquí en los años 60 se manifestó a favor de la autodeterminación del entonces Sahara Occidental. James Baker, a sazón Enviado Personal del Secretario General de las Naciones Unidas, juzgó de insuficiente la propuesta marroquí.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se pronunció por medios de las resoluciones 658, 690, 725 y 1123 instando al cumplimiento del Plan de Arreglo de 1991, bloqueado sistemáticamente por el gobierno marroquí.

En 2007, la propuesta de autonomía fue ampliada y habla de la creación de la “región autónoma del Sahara”, donde aspectos como recursos naturales, justicia y seguridad quedan en manos del estado marroquí. Más que un régimen de autonomía, estamos frente a un proceso de descentralización administrativa. A diferencia del Plan Baker, en la entidad propuesta por Marruecos, el titular del ejecutivo no sería electo por voto directo, sino por la asamblea regional. La organización del legislativo también sufre un retroceso del plan de 2003, donde estaba previsto que los integrantes de la asamblea fueran electos por voto directo, los marroquíes plantearon una representación mixta (representantes tribales y otros por voto directo).  La respuesta a dicho proyecto vino de la mano de Argelia, actor regional que históricamente apoyó el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, mostrando su oposición. Postura que se mantiene hasta el presente.

La base legal del estatuto para el Sahara Occidental, surgiría de la Constitución marroquí, donde la figura del rey tiene un enorme peso en el andamiaje institucional marroquí, otorgándole importantes facultades, generando más dudas, en el caso de crearse un gobierno regional para el Sahara Occidental, los alcances de su autonomía en la práctica. No hay previsiones sobre el reconocimiento del pueblo saharaui como sujeto político, ni mecanismos para salvaguardar el régimen autonómico. Es aceptado cierto marco negociador con el Frente Polisario, solo bajo dichos parámetros. En otras palabras, Rabat busca imponer un diktat para buscar de cualquier forma, obtener el reconocimiento de la ocupación por parte de la comunidad internacional, algo que no ha logrado hasta ahora, con la excepción de Israel.

En todo este proceso, el gobierno marroquí olvida el célebre dictamen de la Corte Internacional de Justicia de 1975, base jurídica donde queda probado que el Sahara Occidental nunca fue parte de Marruecos. [1]

El caso eritreo, ejemplo para los saharauis.

Siguiendo con la tesis sostenida por Carlos Ruiz Miguel, cita un ejemplo similar, al imponer a un pueblo un régimen de autonomía, para legitimar los intereses de un estado vecino: Eritrea.  Dicho país, fue una colonia italiana hasta 1941, cuando los británicos la ocuparon en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Etiopía no ocultó su interés de anexionar Eritrea, para obtener la ansiada salida al mar. Estados Unidos, siendo en ese momento un estrecho aliado del régimen etíope, apoyó las ambiciones del emperador Haile Selassie y se manifestó abiertamente por la integración y el establecimiento de un régimen de autonomía, siendo en este caso disfrazado de “federación”. Ironías del destino se asemeja al destino que buscan imponerles a los saharauis. Italia por medio del tratado de París, se impuso la renuncia como potencia administradora, quedando transitoriamente en manos de la Administración Británica, heredera del gobierno militar creado en 1941. Los eritreos organizaron partidos políticos que sostenían por un lado recuperar los lazos con Italia – dado que había varios millares veteranos del ejército italiano – para un posterior escenario de independencia y otros partidarios de la independencia como de la creación de un estado tigriño, uniendo el país con la provincia etíope de Tigray.  El tratado de París de 1947, dispuso que los Estados Unidos, Unión Soviética, Francia y Reino Unido dispondrían del destino de las antiguas colonias italianas, teniendo en cuenta la opinión de sus habitantes.  Londres y Washington tenían una posición cercana a Etiopía. Incluso los británicos estudiaron la posibilidad de la partición de Eritrea, un sector poblado por cristianos quedaría en manos del imperio etíope y otro, incluyendo el litoral marítimo, pasará a manos del Sudán Anglo Egipcio.

La Comisión de las Cuatro Potencias se hizo presente entre diciembre de 1947 y enero de 1948 en Eritrea. Eran tiempos de la Guerra Fría y no hubo un acuerdo sobre el destino de dicho país. Francia y la Unión Soviética objetaron la idea de transferir el control de Eritrea a Etiopía. El Reino Unido era proclive a esta postura, al apoyar la tesis de sectores unionistas y por considerar sólidos ciertos reclamos por parte de Etiopía por razones históricas. La salida de los colonos italianos, agudizó la crisis económica e incrementó la agitación política.    En 1949, entró en escena la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que envió una comisión investigadora, al naufragar el acuerdo anglo italiano (conocido como Bevin Sforza) que legitimaba la partición de Eritrea. Roma optó por apoyar la independencia, para mantener cierta influencia en su ex colonia, financiando grupos políticos eritreos.

Las divisiones de los independentistas, favorecieron al partido unionista mejor organizado. Los británicos consideraban que Eritrea era económicamente inviable – algo que también hemos oído sobre los saharauis – y por eso consideraban que la estabilidad y seguridad de dicho país.  Las Naciones Unidas por medio de la resolución 390 (V) del 2 de diciembre de 1950, aprobó la Federación de Etiopía y Eritrea. Dicha resolución fue la Ley Federal, base de las relaciones constitucionales entre ambos países, pero bajo una relación asimétrica, donde los eritreos estarían subordinados al emperador etíope como jefe de estado. Las competencias al gobierno federal eran defensa, política exterior, finanzas, moneda, comercio interestatal, comunicaciones y transportes. Fue creado un “Consejo Federal Imperial” compuesto por el mismo número de eritreos y etíopes para asesorar al emperador.  En materia de derechos y libertades estaba regulado por un solo artículo.

 

Estados Unidos tenía intereses en Etiopía, todavía bajo un gobierno prooccidental. Washington desde 1943 contaba en Asmara con la Estación Kagnew, importante base de inteligencia y comunicaciones. Tuvo un importante papel para los intereses de seguridad de Estados Unidos en el Cuerno de África, además de vigilar las actividades soviéticas.  En 1965, los estadounidenses construyeron una base de inteligencia de señales. El peso geopolítico de Addis Abeba, llevó a la Casa Blanca apoyar la tesis anexionista etíope.

El comisionado de Naciones Unidas, Anze Matienzo, visita Eritrea para iniciar los trabajos sobre la constitución de dicho país dentro de la Federación con Etiopía. 

El comisionado de Naciones Unidas para Eritrea, el diplomático boliviano Eduardo Anze Matienzo, llegó a Asmara con un equipo de expertos, incluyendo representantes etíopes y eritreos, para redactar una constitución. Pronto el gobierno Etiopía hizo saber que Eritrea estaba en una relación de subordinación. En 1952, fueron convocadas elecciones para la Asamblea Constituyente, con representantes electos directamente y otros por medio de colegios electorales. El proyecto elaborado por el comité de expertos presidido el comisionado de la ONU fue aprobado por la Asamblea.

En 1952 fue electo el primer gobierno eritreo, en manos de Tedla Bairu, en calidad de jefe ejecutivo. El emperador estuvo representado por su yerno, Andargatchew Messai, verdadero poder en Eritrea. Pronto el régimen impuesto mostró falencias, dado que los eritreos estaban subordinados a los etíopes. Cuestiones vinculadas con impuestos, manejo de presupuesto, generaron problemas.  Las tensiones políticas provocaron su salida en 1955, reemplazado por Asfaha Woldemikael, quién aceleró el proceso de anexión. Manipuló las elecciones para que el parlamento eritreo estuviera en manos de pro etíopes, eliminó el árabe como lengua cooficial e impuso el amárico como lengua en escuelas y administración, generando protestas y tensiones, para finalizar con la disolución de los partidos políticos. El clima de inseguridad se incrementó con el bandolerismo por medio de la actividad de los shifta. La pobreza del país alimentó este tipo de actividades delictivas, acelerando la salida de los italianos, que tenían un papel clave en la economía eritrea.

 

El negus etíope Haile Selassie firma la creación de la Federación Etiope Eritrea. 

En 1960 dejó de emplearse la bandera eritrea en edificios públicos, el proceso de anexión se aceleró con el control del poder judicial y el término de Estado de Eritrea fue reemplazado por “Administración Eritrea de Haile Selassie, Emperador de Etiopía”. El 14 de noviembre de 1962, en abierta violación a la resolución 390 (A) de Naciones Unidas, la federación que solo existía de nombre fue disuelta, votado por la asamblea eritrea controlada por políticos pro etíopes y el país fue incorporada como provincia con un gobierno directamente designado por el emperador.  A pesar del clima de agitación, la comunidad internacional permaneció indiferentes ante la violación de la resolución de Naciones Unidas que dio origen a la Federación. Esto abrió las puertas a la lucha armada, iniciada en un primer momento por Idris Mohammed Adem, líder exiliado y fundador del Frente de Liberación de Eritrea, dando comienzo a tres décadas de guerra.

La propuesta de autonomía, maniobra neocolonial

El proyecto marroquí de autonomía para el Sahara Occidental, no es más que una maniobra, para legitimar la ocupación, las violaciones de los derechos humanos a los cuáles están sometidos los saharauis quede en el olvido y garantizar el expolio de los recursos naturales, especialmente la pesca y el fosfato. 

 

Rabat busca con su “plan de autonomía” borrar de un plumazo el compromiso asumido en 1991, cuando aceptó el denominado Plan de Arreglo, aprobado por la resolución 690 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en el cual se fijó una hoja de ruta, teniendo como objetivo celebrar un referéndum por el cual los saharauis decidirían su destino, además de una serie de compromisos como reducir la presencia marroquí en las zonas ocupadas, alto el fuego, devolución de prisioneros de guerra, derecho de retorno de los refugiados. Nada de esto fue cumplido por Rabat, sin recibir sanción alguna por dicho comportamiento. A diferencia del Frente Polisario, desde un primer momento, de buena fe, se aferró a los compromisos asumidos. En otras palabras, a nuestro juicio el Plan de Arreglo fue una maniobra de Marruecos para consolidar la ocupación, negociando de mala fe gracias a la postura condescendiente de un grupo de países occidentales (Francia, España, Estados Unidos).

 

La creciente competencia por el control de recursos críticos y estratégicos, colocan al Sahara Occidental en un papel relevante. En febrero de 2026, Estados Unidos y Marruecos alcanzaron un acuerdo sobre la explotación de minerales considerados de valor estratégico para sectores vinculados a la alta tecnología estadounidense, especialmente ligados al complejo industrial militar.  En el sur del Sahara, la empresa marroquí Managem junto con la Oficina Nacional de Hidrocarburos y Minas de Marruecos, llevan a cabo tareas de exploración sobre tierras raras, estimándose que hacia 2028, estén en producción.

El apoyo de Washington a una solución neocolonial como es el plan de autonomía marroquí – que en los hechos no es más que un régimen de descentralización administrativa – se vincula con el control de recursos estratégicos, en el marco de la pugna global frente a potencias revisionistas como China. En el caso de África, los estados occidentales están en franco retroceso, ante una presencia cada vez más fuerte de intereses económicos y políticos de Pekín y en menor medida de otros actores como Rusia o Turquía. Situación que transforma a Marruecos en pieza clave para mantener cierta influencia de Occidente en dicho continente. Ello se traduce en apoyo diplomático, económico y militar.  La llegada del presidente Trump, crea una situación propicia para los intereses marroquíes de imponer su “solución” al conflicto del Sahara Occidental. Bajo su liderazgo, la política exterior de Estados Unidos se alejó totalmente de las reglas mínimas del derecho internacional e impone una política exterior unilateral y transaccional, donde se busca sobre una posición de fuerza imponer sus exigencias, no dudando en apelar a la amenaza o coerción. La “receta” se aplica al caso saharaui, donde las negociaciones no son más que una puesta en escena para buscar imponer un verdadero “diktat” legitimando décadas de ocupación y expolio por parte de Rabat sobre el Sahara Occidental, donde claramente hay beneficios que favorecen a intereses occidentales.

El retiro de Estados Unidos de numerosas organizaciones internacionales – anunciado en los primeros días de enero de 2026- pone de manifiesto la ruptura de la Casa Blanca con el denominado orden internacional liberal – creado por Washington en 1945 – para reemplazarlo en un orden donde prevalece la fuerza y el unilateralismo. En atención que la nación norteamericana es una potencia en declive, opta por el empleo de la fuerza armada para dirimir sus conflictos. Los ejemplos de Venezuela e Irán son prueba evidente de ello. Estamos frente a una carrera por el control de los recursos y sus cadenas de suministros. Rabat ofrece, desde la perspectiva estadounidense, seguridad en el acceso a materias primas estratégicas y críticas y el Sahara Occidental es pieza clave en esta estrategia.

 

Francia tiene en Marruecos su último bastión en África, pero desde el escándalo Pegasus, donde quedó al descubierto una vasta red de espionaje marroquí que llegó alcanzar al mismo presidente francés Emmanuel Macron, tensó las relaciones París – Rabat. Ello no impide que el gobierno francés apoye la postura marroquí de imponer un régimen de autonomía al Sahara Occidental como única salida al conflicto- Los intereses franceses sufrieron serios reveses los últimos años en África, especialmente con la ruptura con diversos países del Sahel como también de aliados históricos, como Senegal, que han decidido terminar con la presencia militar francesa que databa de tiempos de la independencia. La pérdida de influencia de París en África, obligan a mantener lazos con Marruecos, que aprovecha con habilidad esta situación para obtener los máximos beneficios de la relación franco marroquí.

España es rehén de la política marroquí, donde la amenaza sobre Canarias y las ciudades de Ceuta y Melilla son una realidad evidente. La estrategia de Madrid de desde hace años, es la contención del expansionismo de Rabat. Esto ha sido visto por parte de Marruecos visto como una señala de debilidad. La decisión del gobierno de Pedro Sánchez de mantener una postura crítica sobre la cuestión palestina – reconociendo al Estado palestino – abrió un frente de tormenta no solo con Israel, sino con su principal aliado, Estados Unidos. Marruecos aprovecha esta situación para presionar aún más a España por Ceuta y Melilla, además de lograr el apoyo español de su plan de autonomía, a pesar del papel de potencia administradora de iure de Sahara Occidental. Es posible que Rabat incremente el nivel de conflicto, para tener una posición favorable frente a la delimitación de los espacios marítimos, especialmente relativo a la cuestión del Monte Tropic, un área con fuerte concentración de minerales estratégicos, agregándose la intención marroquí que en las negociaciones estén presentes los espacios marítimos y aéreos saharauis, con el objetivo de buscar algún tipo de reconocimiento implícito de derechos sobre el Sahara Occidental.

Legitimar la ocupación por medio de la creación de una región autónoma del Sahara Occidental, bajo la soberanía de Marruecos, no es solo negar el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, sino que puede servir de fundamento para alimentar la proyección del reino alauita en África Occidental, abriendo frentes de conflicto con Argelia y especialmente con Mauritania, donde el nacionalismo marroquí reclama a dicho país como parte del “Gran Marruecos”.

 

La historia pareciera repetirse, cuando a los eritreos les fue impedido decidir sobre su destino con libertad, dado la injerencia de actores externos y un vecino, por razones políticas buscaba hacerse con Eritrea. Un grupo de potencias decidieron imponer un régimen de autonomía, inviable por la naturaleza del régimen del negus Haile Selassie. La “Federación” no trajo prosperidad, dado que Eritrea terminó empobreciéndose más con las políticas centralizadoras de Addis Abeba, ni estabilidad política.  El proceso de asimilación generó resistencias, que degeneró en una lucha armada, cuando el frágil modelo de autonomía, carente de garantías internacionales, fue eliminado. En el caso saharaui, observamos el mismo “juego” donde las aspiraciones y derechos nacionales, reconocidos por el derecho internacional pasan a un segundo plano, en nombre de “intereses” generalmente vinculados con el control de recursos naturales, para imponer un camino carente de garantías, donde solo alimentará más resistencia, que puede derivar en situaciones de violencia afectando la seguridad y estabilidad del Magreb. Situación que puede ser aprovechada por diversos actores regionales y fuera de ella.

 

La situación geopolítica, los actores en pugna, sin ninguna duda requieren de una alta dosis de pragmatismo en la solución del conflicto, donde los saharauis tienen voz y voto, ante la existencia de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). La continuidad histórica de dicho estado, debe estar contemplado en cualquier proceso de paz en el futuro, dado que ello será garantía de paz y seguridad en el norte de África.  Estamos frente a un actor que actúa como amortiguador del expansionismo marroquí que busca proyectarse sobre Mauritania y el sudoeste de Argelia. Por lo tanto, garantizar la viabilidad de la RASD, no solo se vincula con la obligación de respetar el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, sino con la seguridad regional.

 

 

 

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[1] Sugerimos ver: La opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre el Sáhara Occidental. Editado por el Centro de Estudios del Sahara Occidental Disponible en https://noteolvidesdelsaharaoccidental.org/primera-edicion-en-espanol-de-la-opinion-consultiva-de-la-corte-internacional-de-justicia-sobre-el-sahara-occidental-pablo-ignacio-de-dalmases/.