Mi Reino por una Vacuna Pfizer
En estos últimos días,
en el marco de una intensa presión mediática, el reclamo de las familias de
menores de 18 años con patologías y discapacidades, agregándose el lamentable
papel del Congreso de cerrar la posibilidad de negociar por las vacunas Pfizer,
reclamadas por dichas familias, el gobierno se vio obligado a dictar un decreto
de necesidad y urgencia, en un contexto de un cuestionamiento cada vez más
abierto de la sociedad sobre la gestión sanitaria por la crisis COVID 19.
Por Jorge Alejandro Suárez Saponaro
Directo Diario El Minuto Argentina
En el mes de diciembre de 2020, el entonces
incombustible ministro de Salud. Dr. Ginés González García, anunció la llegada
de millones vacunas, que en un plazo relativamente corto, servirían para población de riesgo,
adultos mayores y personal sanitario. En esos días, el gobierno era objeto de
cuestionamientos, por no haber cerrado contrato con el laboratorio Pfizer, que
según dicha empresa, la compra frustrada, era por 13.5 millones de
vacunas. Argentina tuvo un rol en los
ensayos con voluntarios, e incluso el mismo laboratorio se mostró muy optimista
para la venta de la vacuna en el país. El acuerdo nunca se llevó a cabo, a diferencia
de países vecinos de la región Curiosamente,
ante el reclamo de medios de comunicación, sectores opositores, profesionales
de la salud, la respuesta fue desde medios afines al oficialismo, fue que la
empresa Pfizer exigía a cambio aspectos vinculados con los intereses
nacionales, como el control de recursos naturales, y largo etc. Relato que pocos creyeron.
En el inicio del proceso de vacunación y bajo
una enorme presión mediática, fue cuestionada la vacuna Spútnik V, de origen
ruso, la alternativa ante la ausencia de Pfizer y los retrasos de Astra Zeneca.
La campaña se centró en cuestionamientos a la política interna de Rusia, la
poca transparencia en la información sobre la vacuna, algo que tampoco ayudó
mucho el gobierno, incluso llegando a puntos extremos, donde la vacuna rusa fue
comparada como veneno. Dichos pocos felices, por los cuales nadie pidió
disculpas del caso.
En este peculiar marco, se desarrolló el
escándalo de las vacunas VIP, donde amigos del ministro de turno, militantes
políticos, cientos de ellos, saltándose la fila por decirlo de alguna manera,
sin estar en la llamada “población objetivo”, o sea adultos mayores, entraron
por la “puerta de atrás” y se vacunaron. Según fuentes del periodismo, más de
300 de estos privilegiados, incluso altos funcionarios, que señalaron en
declaraciones juradas que eran personal de salud, para poder estar entre los
llamados a vacunarse. La respuesta
presidencial ante este escándalo, que por cierto generó denuncias pertinentes,
fue decir en su gira mexicana, fue que no era delito “saltarse la fila”. Pero
nada de condenar el hecho, desde lo moral y relevar al ministro de salud. Finalmente este tuvo que irse por la presión
generada. Su sucesora, la Dra. Carla Vizzotti, tampoco dijo nada, y es más negó
los hechos, que eran de público conocimiento.
En Perú, un escándalo similar, terminó en el ceso de cientos de
funcionarios involucrados. En Argentina siempre a los inmorales, les dan una
segunda y hasta tercera oportunidad.
Las consecuencias de las malas decisiones,
llevo a la Argentina a tener elevados índices de inflación, déficit fiscal,
pobreza creciente, desempleo superando el 20% y la caída del país, en los
índices de Transparencia Internacional, en 2020, donde Argentina descendió
varios lugares, además de las pésimas calificaciones para ser un país receptor
de inversiones. Mientras tanto el gobierno siguió aferrado a recetas por todos
conocidas, de control de precios, cepo cambiario, restricciones a
exportaciones, y con un frente externo, para nada halagüeño, por los cambios en
torno a la postura de Buenos Aires con respecto a Venezuela, los roces con los
principales socios del MERCOSUR, etc.
La oposición por largo tiempo dormida, apareció
tímidamente, cuestionando lo ocurrido en la provincia de Formosa, donde la
violación a los derechos humanos, estuvieron a la orden del día, bajo la excusa
de la cuarentena y seguridad sanitaria. Privaciones ilegítimas de la libertad,
toques de queda, allanamientos de morada, represión a protestas, negativas de
aceptar fallos de la justicia federal en torno a millares de habitantes de la
provincia que buscaban volver a sus hogares, maltrato a poblaciones
aborígenes. Todos causales para la
intervención federal, pero el gobierno local, peronista, le fue aplicada la
máxima del general Perón: Para los amigos, todo, para los enemigos ni
justicia. Más allá de los reclamos, todo
quedó en la nada. En muchas provincias, se cometieron atropellos a libertades públicas,
cierres de límites interprovinciales, como si fueran fronteras de un estado
soberano, toques de queda.
Las protestas sociales se hicieron cada vez más
fuerte, ante un gobierno que con bolsillos flacos, poco puede afrontar los
reclamos de organizaciones sociales sobre más subsidios. Estamos ante un país,
que unos 20 millones de personas reciben dinero del Estado., algo realmente
insostenible. El debate político, se
redujo desde el “mantra” pronunciado por el jefe de Gabinete Santiago Cafiero,
que toda la culpa era del ex presidente Macri, olvidándose – sin ello de
reducir responsabilidades del ex presidente Mauricio Macri de su pésima gestión
económica - que desde
Los profetas del infortunio, comenzaron en verano, de hablar de una
Segunda Ola, y la necesidad de acelerar el proceso de vacunación. El
oficialismo se escudó en el relato que en le mundo había escasez de
vacunas. Algo que por cierto era
cuestionable, más por el nivel de disponibilidad de vacunas en Estados Unidos.
Prueba de ello, el incremento de turistas argentinos, que pudieron pagar el
pasaje e ir a vacunarse, sin restricciones a Miami, especialmente. Esto
ocasionó otea campaña mediática, por parte de sectores oficialistas, con
reflexiones poco felices. Eso si guardando absoluto silencio sobre la propia
tropa, en el marco del escándalo del “Vacunatorio VIP”. Hasta ese entonces, el gobierno incentivó de
alguna manera el turismo interno. Llegó
el otoño, los contagios subieron a niveles preocupantes, y una vez más la culpa
la tuvo la gente y se intentó imponer restricciones. Olvidándose que los
decretos que implantaron la cuarentena, restricciones horarias de movimiento,
están al margen de la Constitución Nacional.
Se implanto la prohibición de circular después de las 20 horas, un toque
de queda, como si ello fuera una solución al problema.
Los problemas de planeamiento y estrategia,
tuvo su primera víctima, en la vacuna Spútnik V. No hacía mucho que el desfile
de expertos y médicos, señalaban que el plazo de espera era de 21 días para la
segunda dosis. Pero parece que el criterio del Ministerio de Salud era otro.
Nuevamente el debate público. Lo que ayer era una verdad revelada por la misma
Providencia, era papel mojado. Tardíamente la Ciudad de Buenos Aires como la
Provincia de Buenos Aires, comenzaron los ensayos para combinar vacunas, de
distintos laboratorios, algo que en Europa ya se estaba llevando a cabo.
El drama de muchas familias por sus chicos con
patologías de base y discapacidad se hizo cada vez más visible. Estos reclamaban que se comprara un lote de
Pfizer para este sector social, que desde hace meses viven condenados a vivir
en sus casas con escaso contacto, con sus consecuencias psíquicas y de salud en
general. La oposición llevo el debate sobre la Ley de Vacunas, a fin de
modificar el término negligencia, que aparentemente impedía que la odiada
Pfizer para algunos, llegara al país, aunque sea como donación. El oficialismo, directamente cerró la
posibilidad. No se conmovieron en nada,
ante el clamor de los padres de miles de niños y adolescentes vulnerables al
virus por su salud, y condenados a vivir confinados en sus casas, hasta vaya
saber cuando. El gobierno se despertó de
su letargo, y emitió un Decreto de Necesidad y Urgencia, habilitando de alguna
manera negociar con Pfizer nuevamente, además con los laboratorios Johnson and
Johnson, y Moderna, luego de muchos meses perdidos, y por cierto también vidas
perdidas por el COVID:
El rol de la clase política en la gestión de la
crisis sanitaria, ha sido lamentable. Oficialismo y oposición han sido
incapaces de construir consensos para lidiar con la grave crisis social y
económica que vive el país. El triunfo
de sectores mediocre y sectarios, privaron a la Argentina en su frente externo,
de alcanzar acuerdos con el FMI y acreedores internacionales, de conseguir la
donación de vacunas de Estados Unidos, además de quedar muy mal parados con
Israel, que apostaba a la Argentina para producir una vacuna contra el COVID,
por las poca felices palabras de la Cancillería por el conflicto con el grupo
terrorista HAMAS.
Es un año electoral y de luchas mezquinas. Las
partes en pugna no muestran una salida para la crisis actual. El gobierno se
aferra a recetas fracasadas, la oposición, también, donde nadie habla de la
necesidad de impulsar políticas de desarrollo, diversificación de la economía,
y una profunda reforma política, para terminar con los males existentes. La Justicia, también ha estado ausente en
esta crisis, donde los derechos de miles de argentinos se ven vulnerados por
normas de seguridad sanitaria, con un resultado exiguo, pero dejando un
lamentable antecedente. La imagen externa del país se ha deteriorado, no tiene
aliados y el mundo ve con asombro como el Estado deja a su suerte a millares de
compatriotas varados, que buscan afanosamente volver a su país.
La tragedia que vive la Argentina, dejará
profundas marcas que perdurarán por mucho tiempo, siendo responsable de ellos,
una clase política mezquina y mediocre, encerrada en sus pugnas por una migaja
de poder.
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