Accesibilidad de niños y adolescentes a Internet en la República Democrática de Timor Oriental: Una perspectiva de brecha digital y determinantes sociales
Por Alberto MAESTRE FUENTES. Cónsul Honorario de Timor Este en Madrid.
Buenos
días.
En
esta ponencia quisiera abordar la accesibilidad de los niños y adolescentes de Timor
Oriental a Internet desde una perspectiva que va más allá de una cuestión
estrictamente tecnológica.
En
2002, Timor Oriental se convirtió en un Estado pleno y soberano, después de
décadas de lucha por su derecho a la autodeterminación que supuso entre un 14
por ciento a un 25 por ciento de bajas entre su población.
De
esta manera Timor Oriental fue el primer estado soberano surgido en el siglo
XXI.
Durante
el conflicto bélico muchos niños timorenses sufrieron las consecuencias y
muchos fueron reclutados como soldados.
El
panorama en que se encontró el nuevo Estado fue desolador.
A las
muertes producidas directa o indirectamente por la ocupación de Indonesia había
que añadir la destrucción de la mayoría de las infraestructuras del país,
provocadas por las milicias proindonesias previamente a la retirada.
Todos
los sectores de la población se vieron afectados, durante y después de la
independencia y los más vulnerables, como los niños, lo sintieron de forma más
cruel.
Su
población actual es de 1.350.000 aproximadamente, de los cuales un 41’8 por
ciento tiene menos de 18 años de edad.
El 46
por ciento de la población tiene entre 0 y 14 años de edad.
El 69
por ciento de su población vive principalmente en zonas rurales dedicados a
cultivos de subsistencia.
El 37
% de los timorenses vive por debajo de la línea nacional de pobreza (fijada en
2,31 dólares diarios por persona)
A
pesar de ayudas propiciadas por UNICEF, la malnutrición infantil, sobre todo en
los niños menores de 5 años, continúa siendo un grave problema.
Según
la ONG, “Fundación M. Trinidad Carreras”, la prevalencia del retraso del
crecimiento en niños menores de 5 años es del 47,1 %, una de las más elevadas
del mundo.
El
54’3 por ciento de los menores de 18 años viven en pobreza multidimensional.
En
cuanto a los programas de vacunación, se ha experimentado un gran avance y ha
reducido las tasas de mortalidad infantil significativamente.
El 14
por ciento de la población infantil, entre 6 y 11 años no está escolarizada.
No hay
suficiente profesorado y en los colegios hay escasez de material escolar.
A
pesar de ello, el colectivo de la infancia en los últimos años ha mejorado
sustancialmente debido a medidas adoptadas por los sucesivos gobiernos de la
nación y del compromiso personal del actual presidente y Premio Nobel de la
Paz, José Ramos Horta que promociona los comedores infantiles.
Se han
abierto guarderías y escuelas primarias y secundarias con la ayuda de ONGS
internacionales.
El
acceso a la educación ha mejorado significativamente, en los últimos años, con
una tasa neta de matriculación en educación primaria del 89% (93% para las
niñas y 86% para los niños).
Siguen
observándose desafíos relacionados con la calidad de la educación, la falta de
agua potable y saneamiento en las escuelas —lo cual afecta de manera
desproporcionada a las niñas—, y las altas tasas de repetición.
En el
área de la salud se ha podido llegar a zonas remotas del país gracias también a
las misiones cubanas contratadas por el gobierno de Dili que establecen a personal
sanitario por casi toda la geografía.
Al
tratarse de un país montañoso y con infraestructuras precarias o a veces
inexistentes resulta difícil que los proyectos y ayuda lleguen a todos los
rincones.
Un
84’7 por ciento de niños están matriculados en la enseñanza secundaria.
Un año
después de su independencia, la República Democrática de Timor Oriental,
ratificaba, el 16 de abril de 2003, la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño, con lo que se compromete a salvaguardar los derechos de sus
niños.
Con la
aprobación de posteriores leyes, como la Ley de Protección de Niños, Niñas y
adolescentes, se aseguraba legalmente su seguridad.
A
pesar de estos avances legislativos, siguen existiendo grandes problemas en el
ámbito infantil.
La
pregunta que plantearía es aparentemente sencilla: ¿tienen los niños y
adolescentes de Timor Oriental acceso a Internet?
Sin
embargo, si queremos responderla de manera rigurosa, la pregunta debería
reformularse:
¿En
qué condiciones pueden acceder a Internet, con qué frecuencia, mediante qué
dispositivos, a qué coste, con qué calidad de conexión y con qué capacidad para
utilizarlo de manera efectiva y segura?
Esta
distinción es importante porque la brecha digital contemporánea ya no puede
entenderse únicamente como una dicotomía entre población conectada y población
desconectada.
La
brecha digital es también una cuestión de calidad, asequibilidad,
competencias, contexto socioeconómico y capacidad de transformar la
conectividad en oportunidades reales.
Y esta
cuestión adquiere una relevancia particular cuando hablamos de niños y
adolescentes, porque el acceso digital está cada vez más relacionado con la
educación, la adquisición de competencias, el acceso a información sanitaria,
la socialización y, a largo plazo, las oportunidades económicas.
Su
contexto geográfico y socioeconómico es importante para comprender su
desarrollo digital.
La
población está distribuida entre Dili y numerosas comunidades rurales, muchas
de ellas en territorios montañosos y con dificultades de acceso a
infraestructuras.
Por
tanto, la expansión de las telecomunicaciones tiene unos costes y unas
dificultades logísticas que no son comparables con los de países densamente
urbanizados.
Si
observamos los datos más recientes disponibles, DataReportal estima que a
finales de 2025 había unos 575.000 usuarios de Internet, equivalentes
aproximadamente al 40,4 % de la población. Esto implica que alrededor de
848.000 personas, el 59,6 % de la población, permanecían offline.
Es
importante introducir aquí una cautela metodológica.
La
penetración de Internet es un indicador de población usuaria, pero no nos dice
directamente cuántos niños o adolescentes tienen acceso en su domicilio,
cuántas horas pueden conectarse, si disponen de un dispositivo propio o si utilizan
una conexión suficientemente rápida para actividades educativas.
Por
tanto, utilizar únicamente la penetración nacional puede ocultar importantes
desigualdades dentro de la población infantil y juvenil.
En
este punto creo que está uno de los elementos conceptuales fundamentales de la
cuestión.
Podemos
distinguir entre disponibilidad, acceso y uso significativo.
La
disponibilidad significa que existe infraestructura de telecomunicaciones.
El
acceso implica que una persona puede efectivamente conectarse.
Pero
el uso significativo exige algo más: disponer de un dispositivo adecuado, una
conexión suficientemente estable, capacidad económica para utilizarla
regularmente y competencias para aprovechar los recursos digitales.
Esta
distinción está claramente ilustrada por la experiencia de las escuelas de
Timor Oriental.
UNICEF
ha documentado recientemente el caso de una escuela en la que muchos
estudiantes no disponían de Internet en casa debido a restricciones económicas.
Algunas familias no tenían smartphones y dependían de teléfonos básicos; otras
no podían asumir regularmente el coste del crédito necesario para conectarse.
Por
tanto, incluso cuando existe cobertura en una determinada comunidad, puede
persistir una importante barrera de acceso efectivo.
Y esto
es especialmente relevante en niños y adolescentes porque, en muchas ocasiones,
su acceso depende de los recursos disponibles en el hogar.
El
niño no decide si la familia puede comprar un smartphone.
No
decide si existe electricidad estable.
No decide
si se pueden adquirir datos móviles.
Y
tampoco decide si vive en una comunidad con cobertura adecuada.
Por
tanto, la accesibilidad digital infantil está fuertemente mediada por los
determinantes sociales y económicos del hogar y del territorio.
La segunda
cuestión fundamental es la desigualdad geográfica.
En
términos generales, la expansión de las telecomunicaciones es más sencilla en
los núcleos urbanos que en comunidades rurales y remotas.
En
Timor Oriental esto tiene especial importancia.
UNICEF
ha señalado que en distintas áreas rurales persisten problemas tanto de
conectividad como de disponibilidad de electricidad. En el ámbito educativo,
algunas escuelas no disponen de una infraestructura digital suficiente para
integrar las tecnologías de forma sistemática.
Por
tanto, la residencia puede convertirse en un determinante de la oportunidad
educativa digital.
Y aquí
aparece una cuestión de equidad.
Dos
adolescentes de la misma edad y con las mismas capacidades pueden encontrarse
en situaciones radicalmente diferentes si uno vive en Dili y el otro en una
comunidad rural con conectividad irregular.
El
primero puede utilizar Internet diariamente para buscar información, realizar
actividades educativas o comunicarse.
El
segundo puede tener que desplazarse, depender de un dispositivo compartido o
limitar su utilización a determinados momentos.
En
consecuencia, la brecha digital reproduce parcialmente otras desigualdades
territoriales ya existentes.
El
tercer componente es el económico.
El
acceso a Internet implica costes.
No
solamente el coste de la infraestructura o del dispositivo inicial, sino
también el coste recurrente de los datos, de la electricidad y, en algunos
casos, del mantenimiento o sustitución del dispositivo.
UNICEF
identifica precisamente los costes elevados de Internet, junto con las
infraestructuras poco fiables y la baja alfabetización digital, como elementos
que contribuyen a una situación que denomina “Digital Triple Isolation”,
especialmente relevante para jóvenes vulnerables.
Desde una
perspectiva de determinantes sociales, esto es especialmente interesante.
La
conectividad puede convertirse en un recurso que se distribuye de manera
desigual según el nivel socioeconómico.
Las
familias con mayores recursos pueden proporcionar a sus hijos dispositivos
individuales, conectividad continua y espacios adecuados para el aprendizaje.
En
cambio, en hogares con menos recursos, un único teléfono puede ser compartido
entre varios miembros de la familia y el acceso puede depender de la
disponibilidad de crédito.
Esto
cambia radicalmente la experiencia digital.
No es
lo mismo decir que un adolescente "tiene acceso a Internet" que decir
que dispone de acceso individual, regular, estable y suficiente para
actividades educativas.
La
educación constituye probablemente uno de los ámbitos donde estas desigualdades
adquieren mayor relevancia.
Internet
puede ampliar enormemente el acceso a recursos educativos.
Permite
consultar materiales que no están disponibles físicamente, acceder a
plataformas de aprendizaje, utilizar recursos audiovisuales, desarrollar
competencias informacionales y mantener la continuidad educativa en situaciones
de interrupción escolar.
La
pandemia de COVID-19 constituyó una demostración particularmente clara de esta
cuestión.
En
Timor Oriental se desarrollaron herramientas como Eskola ba Uma,
literalmente "la escuela va a casa", y se utilizaron recursos como el
Learning Passport para facilitar la continuidad educativa.
Pero
la experiencia también hizo visible la magnitud de la brecha.
UNICEF
señala que el aprendizaje remoto dejó fuera a numerosos niños, particularmente
aquellos procedentes de contextos desfavorecidos y de zonas rurales donde el
acceso a dispositivos, electricidad y conectividad era limitado.
Esto
permite formular una idea importante:
la
digitalización de la educación no elimina automáticamente las desigualdades
educativas; si no se acompaña de políticas de equidad, puede reproducirlas o
incluso ampliarlas.
Otro
elemento que considero fundamental es que el acceso físico a la tecnología no
equivale a alfabetización digital.
Un
adolescente puede disponer de un smartphone y, sin embargo, carecer de las
competencias necesarias para realizar una búsqueda fiable, evaluar la calidad
de una fuente, proteger sus datos personales o utilizar una plataforma
educativa.
Por
ello, la alfabetización digital debería considerarse una competencia educativa
básica.
En
este sentido, existen iniciativas relevantes en Timor Oriental.
UNICEF
y el Ministerio de Educación han desarrollado programas que combinan
equipamiento tecnológico con formación de profesores y estudiantes.
Un
proyecto reciente, desarrollado en escuelas de Ainaro, Ermera y Liquiçá, ha
proporcionado formación en competencias TIC y equipamiento como tablets,
ordenadores, proyectores y generadores. Según UNICEF, el proyecto alcanzó a 364
profesores, 10.300 estudiantes y 285 adolescentes y jóvenes.
Es
importante observar que el proyecto no se limita a distribuir hardware.
También
incluye formación.
Esto
es fundamental porque la inclusión digital requiere simultáneamente infraestructura
y capital humano.
Desde
una perspectiva de salud pública, la cuestión adquiere una dimensión adicional.
Internet
se ha convertido progresivamente en un espacio de acceso a información
sanitaria.
Para
los adolescentes puede constituir una fuente de información sobre salud sexual
y reproductiva, salud mental, nutrición, enfermedades transmisibles y otros
aspectos relacionados con el bienestar.
Pero
aquí aparece una paradoja.
Precisamente
los adolescentes que pueden tener mayores dificultades para acceder a servicios
o información sanitaria presencial pueden encontrarse también entre aquellos
que presentan mayores barreras para acceder a información digital de calidad.
Por
ello, la brecha digital puede actuar como un determinante indirecto de
desigualdades en salud.
No
estoy planteando que Internet sustituya a los servicios sanitarios.
La
cuestión es que, en un sistema sanitario y social cada vez más digitalizado, la
capacidad de acceder y evaluar información forma parte progresivamente de los
determinantes de salud.
Además,
la conexión digital introduce nuevos riesgos.
El
acceso a Internet por parte de menores debe acompañarse de estrategias de
protección frente al ciberacoso, la explotación, la desinformación, la
exposición a contenidos perjudiciales y otras formas de daño online.
Por
tanto, desde una perspectiva de derechos de la infancia, el objetivo no debería
ser únicamente aumentar la conectividad.
Debe
garantizarse también que el entorno digital sea accesible, inclusivo y
seguro.
Ante
este escenario, Timor Oriental está desarrollando diferentes estrategias.
En
diciembre de 2024, UNICEF entregó al Ministerio de Educación equipamiento
tecnológico valorado en aproximadamente 198.430 dólares estadounidenses.
La
donación incluía 300 tablets, 32 ordenadores portátiles, 31 televisores
inteligentes, 30 generadores y 32 proyectores.
Estos
recursos estaban destinados a 30 escuelas de Ainaro, Ermera y Liquiçá y podían
beneficiar a hasta 17.469 estudiantes, 90 adolescentes fuera de la escuela y
659 profesores.
La
importancia de los generadores es particularmente reveladora.
Nos
recuerda que la transformación digital no depende únicamente de las
telecomunicaciones.
Depende
también de infraestructuras básicas.
Si una
escuela no dispone de electricidad estable, incluso la mejor plataforma
educativa tiene una utilidad limitada.
Y si
existe electricidad, pero no conectividad, el problema continúa.
Por
tanto, las políticas de inclusión digital deben ser necesariamente intersectoriales.
No son
solamente políticas de telecomunicaciones.
Son
también políticas educativas, energéticas, económicas y sociales.
Llegados
a este punto, creo que podemos reformular la pregunta inicial.
No
deberíamos preguntarnos exclusivamente:
"¿Cuántos
niños de Timor Oriental tienen Internet?"
Deberíamos
preguntarnos:
"¿Cuántos
niños pueden utilizar Internet de manera regular, asequible, significativa y
segura para mejorar sus oportunidades educativas, sociales y de salud?"
Esta
segunda pregunta es mucho más exigente.
Y
también mucho más útil desde una perspectiva de políticas públicas.
Porque
obliga a considerar simultáneamente cinco dimensiones.
La
primera es la disponibilidad de infraestructura.
La
segunda es la asequibilidad económica.
La
tercera es la disponibilidad de dispositivos.
La
cuarta es la alfabetización y las competencias digitales.
Y la
quinta es la seguridad y protección de los menores en el entorno digital.
Si una
de estas dimensiones falla, la inclusión digital es incompleta.
Para
concluir, me gustaría destacar tres ideas.
La
primera es que Timor Oriental está avanzando rápidamente en conectividad,
pero los datos actuales muestran que una proporción mayoritaria de la población
todavía permanece fuera de línea.
La
segunda es que la brecha digital infantil y adolescente no puede entenderse
exclusivamente como un problema de cobertura.
Es el
resultado de la interacción entre territorio, nivel socioeconómico,
disponibilidad de dispositivos, coste, electricidad, calidad de la conexión y
competencias digitales.
Y la
tercera es que el acceso digital de los menores debe contemplarse como una
cuestión de equidad.
Porque
en una sociedad donde la educación, la información, la comunicación y
progresivamente determinados recursos sanitarios dependen cada vez más de las
tecnologías digitales, la ausencia de conectividad puede traducirse en ausencia
de oportunidades.
Por
ello, la pregunta relevante no es simplemente si Timor-Leste conseguirá
conectar a más personas.
La
cuestión fundamental es si conseguirá que esa transformación digital sea equitativa.
Y, en
el caso concreto de los niños y adolescentes, esto significa que el lugar donde
nacen, el nivel de ingresos de su familia o la disponibilidad de
infraestructura en su comunidad no deberían determinar de manera decisiva su
capacidad para beneficiarse del mundo digital.
En
definitiva, el desafío no consiste únicamente en pasar de estar offline
a estar online.
El
verdadero desafío es pasar de la conectividad formal a la inclusión digital
efectiva.
El
ingreso en la ASEAN producido hace escasamente un año y las inversiones
internacionales que se van produciendo de forma escalonada y sin pausa, podrán
servir también de ayuda para un desarrollo mejor en todos los ámbitos y en el
de la accesibilidad de los niños y adolescentes.
Muchas
gracias.






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