Fronteras argentinas ¿El nuevo teatro de operaciones para las Fuerzas Armadas?

 

Publicado en Defensa y Seguridad nº 73. Enero 2014.

 

De Jorge Alejandro Suárez Saponaro

 

Introducción

           

En noviembre de 2013, la Iglesia Católica, más precisamente la Pastoral Social del Episcopado emitió un documento en el cual alertaba sobre el crecimiento desmesurado del poder de las organizaciones vinculadas al narcotráfico y solicitaba el documento medidas urgentes dado que “Estamos muy cerca de una peor Argentina”. Los integrantes de la Pastoral Social señalaron sobre los problemas de coordinación entre las fuerzas policiales, complicidad del poder político y una clara carencia de medios adecuados para enfrentar el creciente flagelo, además de la existencia de un contexto social para el desarrollo de organizaciones criminales en barriadas pobres y/o marginales.  En este cuadro di situación se inserta el problema de control de las fronteras, no solo está vinculado al combate al narcotráfico, sino a una serie de otros graves problemas: trata de personas, migraciones ilegales, contrabando, cuestiones sanitarias y ambientales, tráfico de armas y posibles infiltraciones terroristas.

 

El perímetro del país en lo referente a su dimensión continental es de unos 14.500 km. Dos tercios de esta extensión, lo forman fronteras terrestres con cinco países

• Bolivia: Su extensión es de 740 km.
• Brasil: Alcanza 1130 km., la mayor parte fluvial.
• Chile: Es el más extenso. Tiene alrededor de 5300 km. y representa el 37% del total.
• Paraguay: Es netamente fluvial, y con sus 1700 km. le sigue en longitud a la frontera con Chile.
• Uruguay: Es mayormente fluvial, con una longitud de 885 km., de los cuales 495 corresponden al Río Uruguay y 390 al Río de la Plata.

 

Estas extensas fronteras serán el “Teatro de Operaciones” en el cual la Argentina tendrá que librar  su próxima “guerra”, esta vez no será con actores estatales, sino contra  organizaciones criminales de diverso tipos, a los que en un futuro no muy lejano, podrían agregarse otros actores estratégicos no estatales, lo que no impide descartar la idea que ello pueda acarrear escenarios de tensión con otros Estados.

 

La frágil frontera norte

 

En el diario La Nación  del domingo 17 de noviembre de 2013 señalaba lo siguiente en relación a la frontera norte: La vulnerabilidad de las fronteras y aduanas argentinas, hacen de nuestro país uno de los destinos preferidos por las redes internacionales de narcotráfico como país intermediario a través del cual exportar al resto del mundo. Las provincias del norte son la puerta de entrada.

 

El ingreso de las drogas ilegales, como también del contrabando, se materializan por medio de diferentes maneras. Por la vía terrestre tanto drogas como productos contrabandeados vienen por camión escondidos en el cargamento, en ómnibus de larga distancia que surcan las rutas nacionales 11, 12, 14 y 34. En estos casos los cargamentos ilegales son traspasados en puntos determinados para su distribución. Incluso en algunos casos se ha observado el cruce de drogas con caballos sin jinete. Por vía aérea las organizaciones criminales distribuyen la droga (cocaína y marihuana) por medio de aviones ligeros, que con base desde Paraguay y Bolivia, generalmente aterrizan en pistas clandestinas donde descargan la “mercadería”. En solo media hora realizan el procedimiento, recargan el combustible para volver a sus bases. Otra opción vía aérea es el lanzamiento de cargas, sin necesidad de aterrizar en puntos determinados donde camionetas los esperan en campos ubicados en Salta (cocaína), Rosario (marihuana) y el norte de la Provincia de Buenos Aires (marihuana). Finalmente por vía fluvial y marítima, existe una estructura de transporte y distribución que se lleva a cabo por medio de containers hasta canoas o pequeñas embarcaciones, algo muy habitual en la frontera con Paraguay.

 

La Argentina tiene el límite más extenso con Chile: 5300 km. En materia de narcotráfico el principal problema reside el tráfico de marihuana. Existen 36 pasos fronterizos, de los cuales hay uno solo “integrado” (zona donde autoridades de los dos países realizan verificaciones) el de Cristo Redentor.  La vulnerable frontera norte y la frontera este tienen las siguientes características (Fuente: La Nación, 17 de noviembre de 2013):

• 2 pasos fronterizos con Bolivia, país que tiene 742 km de límites (3 áreas de control integrado: Salvador Mazza, La Quiaca, Aguas Blanco).
• 37 pasos fronterizos con Paraguay, con 1699 km (2 áreas de control integrado, Posadas y Clorinda).
• 17 pasos fronterizos, con 1132 km de lìmites con Brasil (5 áreas de control integrado: Paso de los Libres, Santo Tomé, B. Irigoyen, Cerqueira, Andresito e Iguazú).
• 11 pasos fronterizos con Uruguay, que tiene 495 km (3 áreas integradas de control de frontera: Gualeguaychú, Colón, Concordia).
• Río de la Plata: 290 km., utilizado para el tráfico ilegal de mercadería.
• Mar Argentino: sus puertos son utilizados para embarques de droga hacia otros destinos extranjeros.

 

A pesar del esfuerzo para controlar la frontera norte, con el despliegue de cuatro radares con alcances de 200 km, que al no funcionar las 24 horas genera dificultades entre otras cosas para vigilar el espacio aéreo, que fue vulnerado, según fuentes periodísticas en 2011 por 800 aeronaves. A todo ello cabe agregar la existencia de corredores que cruzan las provincias de Salta y Catamarca por los cuales los aviones “narco” escapan al control del Estado. A pesar de la atención puesta en la frontera norte, se puede observar que existen vulnerabilidades en las fronteras oriental y occidental que deben ser tomadas en cuenta. El mecanismo de intercepción de los aviones que ingresan ilegalmente es realizado por medio de viejos aviones de las FFAA, que solo pueden fotografiarlo y no derribarlo. A diferencia de los países vecinos que tienen en su legislación la facultad de derribar las aeronaves intrusas que se nieguen a aterrizar con el fin de ser identificadas.

 

La estructura judicial destinada a actuar en los delitos en zonas de frontera, tiene escasos medios, reconocidos abiertamente por magistrados federales. Se precisa infraestructura, personal adicional especializado, recursos tecnológicos, incrementar el número de juzgados y dependencias del ministerio público fiscal; además de instalaciones del servicio penitenciario para alojar detenidos y procesados. ¿Y que tiene que ver esto con la Defensa Nacional? Tiene relación, el creciente delito en zonas de frontera puede ser (y será) motor de conflictos interestatales. Ejemplos de ello lo tenemos en el caso de Colombia y Venezuela, con sus diferencias por las actividades de organizaciones armadas ilegales y criminales, que ha llevado a dichos países a situaciones de crisis grave, con movilización de fuerzas militares. México es otro caso de frontera “caliente” donde la actividad de las organizaciones criminales llevó algunos a sectores políticos de Estados Unidos con apoyo de influyentes “think thank” promovieron la posibilidad de una intervención militar, dado las limitaciones que tenía el gobierno mexicano para enfrentar su “guerra” contra las drogas.

 

La incapacidad de controlar las propias fronteras, puede generar serios problemas para países vecinos, llevando a la posibilidad de escaladas de tensión. Recordemos que los países vecinos no cuentan con fuerzas de seguridad de fronteras, y llegado el caso que se sientan amenazados pueden desplegar directamente fuerzas militares para responder a los actores que consideren que sean un riesgo para su seguridad.  Lo que nosotros no hagamos en la lucha contra las amenazas fronterizas, otros lo harán.

 

En su momento el ministro de defensa ruso Serguei Ivanov (1) señaló la importancia de las llamadas amenazas transfronterizas para los sistemas de seguridad, al definirlos como factores que conspiran contra la estabilidad interna de los estados y en las relaciones pacíficas entre Estados. Estas amenazas están  formadas por organizaciones criminales, terroristas, tráfico ilícito de drogas, demandan que no se puede luchar frente a ellas de manera aislada, es indispensable la cooperación.

 

En medios periodísticos trascendió un duro informe presentado por el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, con el fin de solicitar soluciones urgentes dado el creciente problema del narcotráfico en la frontera norte. No solo habla de las clásicas modalidades citadas para transportar droga, sino también de la presencia de millares de inmigrantes de origen colombiano y mexicano que se han radicado en zonas de frontera (en zonas “calientes”).El creciente poder de las organizaciones criminales, no solo está determinado por la compleja logística y organización, sino por su poder de fuego. El citado presidente de la Cámara Federal salteña señaló en medios periodísticos “En una oportunidad se secuestraron 150.000 proyectiles”. Las organizaciones criminales cuentan con armamento que en más de una ocasión es de mejor calidad que el utilizado por fuerzas policiales. Por otro lado se observa la presencia de miles de ciudadanos extranjeros, principalmente colombianos, mexicanos, y rusos, que ha generado la alarma de medios judiciales. (Fuente: Perfil del 16 de noviembre de 2013).

 

El río Paraná es otra vía para el tráfico de drogas y contrabando, donde son utilizadas de manea profusa barcazas para trasladar marihuana (en un procedimiento se interceptaron un cargamento con 4 toneladas de marihuana). Es frecuente en determinadas, según medios periodísticas, que en zonas de la Provincia de Santa Fe y Entre Ríos, además de puertos fluviales bonaerenses que los traficantes arrojen bolsas con droga, que son recogidas en determinados puntos por otros grupos de delincuentes. Sin ninguna duda la “Hidrovía” precisa de controles más eficientes.

 

El crimen organizado ¿factor de desestabilización de un Estado?

 

Es de público conocimiento el creciente número de delitos de diverso tipo, donde la droga está involucrada. Lamentablemente el acceso a estadísticas oficiales es restringido, lo que obliga apelar a fuentes independientes, que salvando las distancias, permiten percibir que el narcotráfico se está transformando en un factor de desestabilización.  Cabe destacar en este contexto la desactivación del Sistema Nacional de Información Criminal en 2005. Un informe del Departamento de Estado, señalaba en su momento que el tráfico de narcóticos colombianos hacia la Argentina se había incrementado y para el jefe de la DEA en Argentina (reza el informe) el tráfico de drogas vía marítima también se había incrementado (2).

 

La Argentina se ha transformado en un país de tránsito en un país consumidor y exportador de cocaína elaborada. Según un reporte de la ONU en 2008 señalaba en su momento que el Paraguay produce unas 5.900 toneladas de marihuana por año. El valor de ese volumen en los mercados de consumo en la región es de alrededor de 3.600 millones de dólares, lo que equivale al valor de todas las exportaciones anuales del Paraguay. Aproximadamente el 70% de la marihuana paraguaya se va al Brasil, el 20% a la Argentina y Uruguay, y el 10% a Chile. Ello sin contar con la producción local. En el año 2008 la Argentina era el segundo consumidor de marihuana “per cápita” de toda América. Se estima que el 8% de su población adulta lo consume.

 

El accionar del crimen organizado puede dividirse en etapas bien definidas

• Penetración: seleccionado un país, por su ubicación geográfica, centros de consumo, situación social, calidad institucional, niveles de corrupción, fronteras. Las organizaciones criminales comienzan a establecer las primeras redes.
• Consolidación: comienza la lucha entre los distintos grupos por la preeminencia, comienza el control territorial de poblaciones enteras.
• Estado “narco”: la sociedad es infiltrada, las organizaciones criminales controlan estructuras estatales y las corrompen totalmente. La mafia es el gobierno.

 

La Argentina está en la llamada “etapa de consolidación” y esto es palpable por los duros informes internacionales, el llamado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a tomar medidas urgentes para frenar la expansión de la criminalidad. La ciudad de Rosario es un ejemplo claro de este proceso, que está llegando a niveles alarmantes, dado que los grupos criminales desafían abiertamente al Estado, como paso con el atentado a la casa del actual gobernador provincial, Bonfatti, tiroteada por una banda de narcos.

 

El especialista Horacio Calderón (3) al hablarnos sobre la realidad de la narcocriminalidad en el país es categórico: “El Estado argentino, o lo que queda en pie de sus instituciones, refleja el modelo de una entidad reguladora del negocio de las drogas ilegales, al estilo del México de décadas atrás. En cuanto al perfil que tiene en relación a la narcocriminalidad, el especialista citado señala lo siguiente:

• País de tránsito hacia Europa y Estados Unidos de la cocaína elaborada en Bolivia, Perú y Colombia.
• País de tránsito de la heroína colombiana hacia Estados Unidos.
• País de consumo y tránsito de marihuana producida en Bolivia y Paraguay.
• País de producción, control de calidad y tránsito de precursores químicos con destino al mercado doméstico, México y Estados Unidos.
• País productor de clorhidrato de cocaína. En los últimos tiempos se ha transformado en un importante exportador mundial.
• País sujeto a sospechas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que lo colocó en la llamada lista gris por dificultades para luchar contra el lavado de activos.
• País de operaciones, de tránsito y descanso y hasta escondrijo de altos jefes de Organizaciones narcotraficantes.

 

Horacio Calderón señala que el éxito de ubicar numerosos laboratorios dedicados al procesamiento de cocaína, deja reflejado el crecimiento de este tipo de actividades, prueba no solo el incremento de la demanda externa y ciertas facilidades para la “exportación” por problemas de control de fronteras, sino por el crecimiento de la demanda interna de cocaína y su residuo, el paco. La situación alarmante que vive la Argentina fue reiterada por la ONU por intermedio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Sobre el tema recomendamos ver el artículo del periodista mencionado en DEYSEG nro. 56., que a pesar de haber sido publicado en 2010, tiene plena actualidad.

 

El combate al crimen organizado no es solo con armas y llenar las calles de uniformados, es algo complejo y debe ser encarado por estrategias integrales que luchen contra la marginalidad. Horacio Calderón es contundente  que el negocio del narcotráfico y toda la gama de delitos que de él emanan o lo acompañan, está gobernado por una red criminosa doméstica que ningún gobierno ha intentado seriamente perforar y neutralizar durante las últimas décadas (4). La promoción de la familia, los valores, la educación, la generación de empleo genuino, la erradicación de barriadas marginales sin servicios públicos, mejoras sanitarias y largo etc. En el campo de la seguridad, es preciso la coordinación y el uso racional de los recursos disponibles, lo que no quita la necesidad de reformas legales y de estructuras existentes, en el marco de la llamada interdicción estratégica del narcotráfico.  Que como define el vicepresidente del Centro Aeronáutico de Estudios Estratégicos en un brillante trabajo es la acción de negar el uso del espacio aéreo, fluvial, marítimo y terrestre tanto para el ingreso al territorio nacional de sustancias ilícitas, como para su exportación a terceros países.(5).

 

 

 

Los organismos responsables de la seguridad de fronteras

 

La legislación en materia de seguridad tiene su eje la Ley 24.059 de Seguridad Interior, que convive con la legislación obsoleta de las leyes orgánicas de las fuerzas de seguridad y de la Policía Federal, particularmente la ley 18.711, que mantiene una serie de falencias:

• falta de definición clara del concepto “fuerza de seguridad” en relación al concepto de “policía de seguridad”;
• falta de una definición de la naturaleza de la Policía Federal, el marco legal, solo se limita a señalar sus funciones;
• la ley 18.711 mantiene la dependencia de GN y PNA de los comandos del Ejército y Armada (la ley orgánica de PNA señala que ésta depende del ministerio de defensa);
• no inclusión de la Policía de Seguridad Aeroportuaria;
• superposición en materia de competencia y jurisdicción;

 

A todo ello cabe agregar que las fuerzas de seguridad forman parte del sistema de defensa nacional. Lamentablemente no se ha regulado su vinculación con la defensa nacional, una falencia del decreto que reglamenta la ley de defensa, unido a un crecimiento exponencial de medios y recursos destinados a cumplir funciones policiales en áreas para donde no fueron capacitados.

 

En materia de seguridad de fronteras interviene la llamada Policía Aduanera que según surge de la normativa vigente, tiene atribuciones propias de policía de seguridad y judicial (6). Curiosamente a pesar de tener dichas facultades, carece de elementos de coacción, como  de armamento. Es más, la Policía Aduanera cuenta con su propia estructura de inteligencia, que según el marco legal vigente no prevé su integración en la dirección nacional de inteligencia criminal. Una seria falencia de la legislación, circunstancia que limita seriamente la coordinación del esfuerzo destinado a luchar contra delitos económicos, que en más de una ocasión pueden estar vinculados al narcotráfico y/o la financiación de otras actividades delictivas.  Cabe agregar que las funciones de la policía aduanera recaen aproximadamente en 173 funcionarios, de los cuáles 80 son operativos (7).

 

El creciente poder de fuego de las organizaciones criminales, la complejidad de la amenaza a enfrentar demanda reflexionar sobre las instituciones destinadas a enfrentarlas, pensar en una reforma integral, incluyendo la legislación vigente y un presupuesto adecuado.  En lo referente a ello, observamos que mientras se observa una  creciente demanda de emplear efectivos de Prefectura Naval y particularmente de la Gendarmería Nacional, debe enfrentar el hecho que el presupuesto de seguridad previsto para el 2014 solo crecerá un 6,6% ($22.282,6 millones: Fuente La Nación del 15 de septiembre de 2013), frente a una inflación superior.  Ello demanda la necesidad de hacer cambios, y buscar soluciones que consideren un uso racional de los recursos y medios existentes. En este contexto se inserta el presente trabajo, en el cual señalaremos el aporte que pueden realizar las FFAA en materia de requerimientos para las FFSS.

 

La necesidad de un sistema integral de vigilancia y control de los espacios fronterizos.

 

La responsabilidad de llevar a cabo la interdicción estratégica del narcotráfico recae en las Fuerzas de Seguridad – Gendarmería Nacional y Prefectura Naval – responsables de las fronteras terrestres, fluviales y marítimas. En cuanto al espacio aéreo, esto es responsabilidad del Comando Operacional del Estado Mayor Conjunto, que cuenta con medios aptos para la detección, interceptación, identificación, y eventual derribo (si hubiera una ley habilitante) de aeronaves en actividades ilícitas y que violen la soberanía del espacio aéreo nacional; operaciones estas que son similares tanto para la seguridad como para la defensa nacional como señala el brigadier mayor (R)  Horacio Rodríguez. Un ejemplo de ello es fue la creación de la Zona de  Área Defensa Noreste, bajo control operacional del Estado Mayor Conjunto se enmarca en la demanda originada en la ley de Defensa Nacional, independiente del tipo o fin de todo tránsito aéreo irregular (TAI) que pueda ser detectado bajo la sospecha de estar violando la soberanía del espacio aéreo nacional; siendo la Fuerza Aérea Argentina  la responsable de adiestrar y alistar los medios antes mencionados para realizar esa tarea.

 

La vulnerabilidad de la frontera norte demanda acciones concretas, que deben ir más allá del Operativo Escudo Norte (8). La idea es armar una estructura permanente, que dado la magnitud del teatro de operaciones, esto supera ampliamente la capacidad de las FFSS, lo que indica la necesidad de participación de las FFAA a través de sistemas de vigilancia, comunicaciones, transporte aéreo, aviación táctica, transporte y patrulla fluvial. El objetivo es reducir el nivel de “porosidad de las fronteras”. Dado el amplio espacio geográfico a controlar que supera la capacidad de las FFSS, demandan hacer un control en profundidad, teniendo en cuenta las incursiones de las aeronaves que violan el espacio aéreo nacional, para la comisión de actividades ilícitas. En diversos medios periodísticos se ha señalado la existencia de campos de aterrizaje clandestinos en los límites interprovinciales de Santa Fe y Santiago del Estero. Esta realidad indica la necesidad del empleo de determinados recursos disponibles en las FFAA en apoyo a las operaciones de interdicción y “blindar” las fronteras.

 

Nuestro principal socio y aliado en la región es un ejemplo a seguir, de manera gradual está implementando el sistema SIVAM para vigilar y controlar la región Amazónica, con fuerte presencia de la industria nacional de defensa. Asimismo, desde el 16 de septiembre de 2011 la actual gestión de la presidente Dilma Rousseff, lanzó la Operación Ágata II que incluye 30 aeronaves, 10.000 militares, vehículos aéreos no tripulados (UAVs), patrulleros de la Marina,  vigilancia satelital a lo largo de las fronteras nacionales. En dicho operativo participan fuerzas policiales estatales y la agencia brasileña de inteligencia. Medios especializados señalan el grado de integración conjunta entre las FFAA y el empleo eficiente de nuevos recursos tecnológicos, como la aeronave no tripulada Hermes. No cabe duda que todo ello es consecuencia de la experiencia adquirida en operativos similares.

 

La Argentina cuenta con recursos económicos para seguir el ejemplo de Brasil (9), así como de una estructura mínima dentro de las FFAA y de capacidades industriales para llevar a cabo un sistema similar la SIVAM brasileño. El operativo “Escudo Norte” puede servir la base de partida para la puesta en marcha del “SIVAM argentino”. Desde el punto de vista jurídico es indispensable modificar algunos puntos de la ley de seguridad interior, que  habiliten el empleo flexible de los recursos del Estado para proveer seguridad a las fronteras. En lo que respecta al aspecto operativo, proponemos la creación de un “sistema integrado de vigilancia” compuesto por:

§  Centro de comando, dotado de recursos tecnológicos punteros, para facilitar la coordinación de las fuerzas de interceptación terrestres, anfibias, y aéreas. Las infraestructuras existentes en la localidad bonaerense de Merlo, pueden servir de base para la creación del citado centro de mando.

§  Subsistema de Alerta temprana y detección: formado por una flotilla de aeronaves militares desplegadas en hangares de alta seguridad, radares del sistema SINVICA, vehículos aéreos no tripulados. Las  aeronaves deberán contar con capacidad de alerta temprana (AEW/C), guerra electrónica, modernos sistemas de vigilancia todo tiempo, etc.

§  Fuerzas de Interceptación: formadas por medios aéreos para interceptar y disuadir vuelos ilegales (aviones IA-63 Pampa e IA-58 Pucará), y transporte de grupos móviles especiales de las fuerzas policiales y de seguridad. Las FFAA cuentan con recursos proveer la movilidad terrestre, aérea y fluvial para dichos grupos.

 

Nuestra propuesta deja de lado cualquier intervención de unidades militares en operaciones netamente policiales o de lucha contra el delito – como el caso mexicano o colombiano – como también en acciones de restablecimiento del orden público. Salvo en situaciones de conmoción interior como señala la propia Constitución Nacional y la legislación vigente.  

 

El objetivo es proponer un uso racional de los recursos que tiene el Estado, empleando las FFAA en apoyo a las FFSS en determinadas áreas puntuales. La inversión destinada a las FFAA significará para el país lo siguiente:

§  Incremento de la presencia del Estado en áreas de frontera, contribuyendo a la seguridad interna y externa de la Nación. Asimismo podrá servir de punta de lanza para que otras agencias del Estado hagan acto de presencia en dichas áreas promoviendo su desarrollo e integración;

§  Uso racional de recursos humanos y económicos, con el consiguiente ahorro para los contribuyentes;

§  Impulso al desarrollo de operaciones conjuntas entre las FFAA;

§  Incremento de las horas de vuelo para los pilotos de las FFAA;

§  Modernización de los sistemas de vigilancia y control del espacio aéreo, aviación táctica, comunicaciones, transporte, comando y control, guerra electrónica;

§  Mejora en materia de capacidades e incremento de la operatividad;

§  Impulso al área de producción para la defensa, particularmente en materia de radares, aeronaves, UAVs, vehículos livianos, embarcaciones, modernización de sistemas en servicio, etc.

 

Las FFSS y Policiales también se verán beneficiadas con la puesta en marcha de nuevos mecanismos de cooperación/coordinación con las FFAA:

§  Aprovechamiento de capacidades instaladas de las FFAA en materia de infraestructura;

§  Apoyo logístico a través de las distintas bases militares en todo el país, lo que facilita el despliegue de contingentes importantes en diversos puntos de la geografía nacional;

§  Unificación de insumos de uso común. Implementar un mecanismo de adquisiciones conjuntas (uniformes, armamento portátil, vehículos administrativos, medios de transporte, etc.) con el consiguiente ahorro de costos.

§  Incremento de capacidades en materia de transporte y vigilancia de fronteras;

§  Uso racional de los recursos del presupuesto de seguridad.

 

Seguridad Interior: oportunidad para modernizar la flota militar argentina. La experiencia internacional aplicado al caso argentino.

 

La situación de la flota aérea militar es de público conocimiento. En los casos de la Fuerza Aérea y la Aviación Naval la situación es complicada, dado la edad de las aeronaves, que en más de un caso está al final de su vida útil. En el caso particular del Ejército, su importante parque de helicópteros, están  inmersos en un programa de modernización, no obstante ello, el grueso de las aeronaves están cargadas de años y precisan ser reemplazadas. En cambio, en las FFSS la realidad es diferente, se observa a pequeña escala un crecimiento y/o mejora de su parque aéreo, especialmente Gendarmería con la incorporación de nuevos helicópteros y aviones de enlace rápido. En cuanto a la Prefectura Naval, mantiene aeronaves con capacidades SAR y patrulla marítima –relativamente modernos - pero el número de aeronaves es limitado para cubrir el extenso espacio marítimo argentino. Esta situación merece las siguientes observaciones:

§  Existencia de múltiples modelos, situación que complica la logística;

§  Aeronaves con capacidades limitadas en materia de uso dual (solo satisfacen requerimientos de la seguridad interior);

§  Adquisiciones de un limitado número restringido de aeronaves, cubriendo en parte las necesidades de las FFSS en la materia.

 

A nuestro modesto juicio consideramos que los limitados recursos deben centrarse en la flota aérea militar principalmente. Esto permitiría que los programas de modernización, satisfacer tanto requerimientos de la defensa nacional como del sistema de seguridad interior; la recuperación de la flota aérea militar beneficiará a las FFAA, al incrementar su nivel de operatividad; el despliegue de bases de la flota aérea de las FFAA, permite a las FFSS disponer con medios de apoyo a sus misiones a lo largo y ancho de la geografía nacional; aprovechamiento racional de recursos económicos, infraestructura, medios y personal; y ahorros en materia de recursos materiales y humanos.

 

Nuestra propuesta toma como referencia la experiencia internacional. Un ejemplo de ello es el Cuerpo Aéreo Irlandés. Esta fuerza cuenta con una escuadrón de helicópteros especializado en apoyo a la Policía y otro especializado en tareas de patrulla marítima y SAR (8)4). Los limitados recursos en materia aérea del Estado irlandés se centran en una sola institución, con el consiguiente ahorro de gastos. Existen en Europa otros ejemplos – sin ir al extremo irlandés -  en los cuales las fuerzas aéreas participan en acciones vinculadas a la seguridad interna, particularmente en las tareas de vigilancia y control de fronteras y espacios marítimos. Un caso, a título de ejemplo es la Real Fuerza Aérea británica que realiza distintas operaciones en el ámbito doméstico (búsqueda y rescate, apoyo a la vigilancia y aplicación de normas pesqueras, etc.).

 

En el ámbito de América Latina, distintos Estados a raíz de la dura realidad en materia de seguridad interna, ha motivado la realización de fuertes inversiones de sus FFAA, que en el caso de sus fuerzas aéreas, citamos los siguientes ejemplos:

§ México: las inversiones en su fuerza aérea se orientaron a incrementar especialmente su parque de alas rotatorias para apoyar unidades especiales y de despliegue rápido tanto del ejército como de las fuerzas policiales (10);

§ Perú: emplea los reactores tácticos Cessna A-37B/OA-37B y los turbohélices T-27 Tucano en operaciones contrainsurgencia, y lucha contra el narcotráfico. En 2010 el gobierno se mostró interesado en adquirir A-29 A Super Tucano para reemplazar los modelos citados. Asimismo ha modernizado helicópteros Mi-8/17/25, que según fuentes internacionales señalan que serán utilizados en la lucha contra los restos de Sendero Luminoso y organizaciones criminales que operan en las selvas.

§ Brasil: el Sistema de Vigilancia de la Amazonía (SIVAM) incluye la adquisición de aviones de alerta temprana, guerra electrónica, ataque liviano y helicópteros de transporte.(11)

§ Colombia: los esfuerzos se centran en modernizar la aviación táctica, especialmente con la adquisición de los A-29 A Super Tucano y la modernización de A-37B/OA-37B, además de continuar con la modernización de la aviación de transporte y la flota de helicópteros. La gravedad del conflicto armado interno, así como la presencia de poderosas organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas, demandan un gran esfuerzo en el control del espacio territorial. En el caso de la FAC, sus aeronaves tienen misiones centradas en la interdicción de drogas, detección de laboratorios, y destrucción de pistas clandestinas.

§ Guatemala: en 2010 el país incorporó 10 A-29 A Super Tucano destinados a combatir el tráfico de drogas y patrullar las fronteras. Por otro lado se han realizado inversiones para recuperar los aviones A-37B y helicópteros UH-1H, también para afrontar el drama de la seguridad interna. Cabe señalar que los dos principales candidatos presidenciales promueven una mayor participación de las FFAA del país en la lucha contra el delito y seguridad en las fronteras.

 

En los casos señalados, particularmente en Colombia, Perú y Brasil, se observa que dado la situación de seguridad interna los gobiernos han realizado inversiones que no solo impactan en la seguridad interior, sino también en el ámbito de la defensa, por haber permitido mejoras en los ámbitos de transporte táctico, guerra electrónica,  ataque liviano, reconocimiento, comunicaciones, vigilancia y control del espacio aéreo.

 

La experiencia internacional puede servir de ejemplo para revitalizar la flota aérea militar argentina. Desde la perspectiva de las necesidades del sistema de seguridad interior, las inversiones en la flota militar deberían centrarse en:

1.    Nivel Conjunto: flota de helicópteros de las tres fuerzas;

2.    Armada: aviones P-3 Orión, B-200M, y helicópteros Sea King;

3.    Fuerza Aérea: aviación de transporte táctico, enlace y aviación táctica (IA-58 Pucará y IA-63 Pampa), y continuación de la modernización de los sistemas de vigilancia radar;

4.    Ejército: aviones OV-1D Mohawk;

 

 

 Complementariedad de las FFAA y FFSS

Las organizaciones criminales cuentan cada día con recursos técnicos cada vez más avanzados, un poder de fuego creciente y una aceitada red de inteligencia, además de una sólida logística. En más de un caso la respuesta rápida, es clave para caer sobre las bandas criminales que operan en zonas de frontera o en el interior del país. El Ejército cuenta con un parque de helicópteros importante, capaz de transportar grupos de gendarmes para arribar de manera oportuna y con celeridad a objetivos pre -determinados. A ello se une la posibilidad de poner a disposición de las FFSS radares de vigilancia terrestre (recordemos el sistema RATRAS), comunicaciones y guerra electrónica, además de medios de transporte.

 

La Armada y Fuerza Aérea pueden complementarse con las FFSS al poner a disposición medios de transporte aéreo y fluvial, además de radares y medios de vigilancia.  

 

Fuerzas federales junto a medios militares podrán integrarse en fuerzas conjuntas bajo la conducción del centro de comando, propuesto en este trabajo.  Estas fuerzas conjuntas se caracterizaran por la rotación permanente de personal, que no tengan contacto con la población civil, dado la inserción de las organizaciones criminales que pueda tener con esta. Estas fuerzas se caracterizarán por la flexibilidad para poder adaptarse a una realidad siempre cambiante.

 

En esta “guerra” será clave contar con servicios de inteligencia de primer nivel, bien organizados y con eficientes mecanismos de coordinación. La cooperación será clave no solo a nivel nacional sino con los Estados de la región y fuera de ella.

 

La idea de militarizar las fuerzas de seguridad, no debe ser mal vista, todo lo contrario, ello facilitará la interoperabilidad y comunicación con las FFAA en caso de conflicto. La idea de militarización tendrá su impacto en el adiestramiento y equipamiento (es necesario incrementar el poder de fuego de estas y formar unidades especializadas en combate andino, fluvial, jungla/monte). Por otro lado, dado su despliegue constituyen elementos de suma utilidad para garantizar cierto grado de disuasión creíble. Es más consideramos pertinente en la modernización de las FFSS, se deberá priorizar lo cualitativo sobre lo cuantitativo, transformándose en una elite. (12).

 

El control del espacio aéreo. La polémica de la Ley de Derribos y nuestra propuesta: Ley de Defensa de la Soberanía del Espacio Aéreo.

 

En el marco regional un número creciente de Estados adoptaron la llamada “Ley de Derribos” el último recientemente que la adoptó ha sido Venezuela. La aprobación de dicha legislación va mas allá de cuestiones político – ideológicas, ejemplo de ello lo tenemos países con signos políticos opuestos: Colombia, Venezuela, Brasil y al otro lado del mar, España que bajo un gobierno  liderado por Zapatero aprobó también una ley de derribos. En otros casos se observa un importante esfuerzo financiero para adquirir medios adecuados para contar con herramientas para la defensa del espacio aéreo, un caso es Bolivia con la llegada de los reactores chinos K-8.  En los países donde rige la ley de derribos, responde al requisito de contar con una herramienta legal para la defensa de su soberanía sobre el espacio aéreo. La legislación de dichos países considera que aquellas aeronaves que sobrevuelen el espacio aéreo de manera ilegal, evadan los mecanismos de control (previstos por protocolos internacionales), como última instancia, fracasados los diversos medios persuasivos, se puede, llegado el caso a derribar la aeronave. Insistimos el derribo es la última instancia y es un mecanismo de defensa contra quienes violan el espacio aéreo de un Estado.

 

En su momento, la Argentina por medio de la ley 21.521, tenía claramente definido el rol de la FAA en la seguridad interior, la citada norma en su art 10 decía: “La Policía Aeronáutica Nacional ejercerá sus funciones en el aeroespacio con medios de la Fuerza Aérea y el servicio de policía de seguridad y judicial con sus propios medios”.  Lamentablemente la creación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, quedó un vacío legal que organismo ejercerá las facultades de policía en el ámbito aeroespacial.  Esto es una deuda pendiente de la legislación de seguridad interior.

 

Curiosamente a pesar de lo que creen muchos, la “ley de derribos” existe en nuestro país.  Mediante el decreto 1345/2005, con el objeto de preservar la seguridad de la Cumbre de las Américas de Mar del Plata, el Poder ejecutivo facultó a la FAA a derribar aeronaves que fueran una amenaza al citado evento. Es más el decreto fue puesto en vigencia en otras cumbres. Una verdadera contradicción en el marco de la legislación vigente.

 

La solución a nuestro modesto juicio, es debatir una ley de defensa del espacio aéreo. Toda aeronave que proveniente del extranjero, sin plan de vuelo, que no se comunica con las autoridades de aviación del país, y pese a las advertencias, comunicaciones radioeléctricas, señales visuales, maniobras intimidatorias – la aeronave en cuestión continúa con su trayectoria desacatando la orden de aterrizaje o de abandonar el espacio aéreo nacional de inmediato, podría decirse que el Estado estaría siendo violado en su soberanía y, por lo tanto, ante la presencia de un acontecimiento hostil. (13).  La soberanía es un concepto político Hay un dominio de la política y otro del derecho que no coinciden. Cuando el problema es excepcional y está en peligro el Estado, su naturaleza es política, no jurídica. Sin embargo cabe aclarar que la finalidad de la política, no es el uso de la fuerza – que debe ser gradual - sino preservar o restablecer el orden (14). La soberanía tiene directa relación con la capacidad de decisión. El derecho internacional es claro, un Estado que está privado de su capacidad de decisión, no es un Estado soberano. En el marco de la maraña de leyes y reglamentos, el Estado argentino de manera unilateral ha coartado su capacidad de decisión para responder a un conjunto de amenazas no convencionales.

 

Nuestra propuesta es simplemente hacer algunas modificaciones a nuestras leyes, con el objeto de considerar aquella aeronave que ingrese ilegalmente al espacio aéreo, y se niegue a cumplir con los mecanismos de persuasión para aterrizar en un aeropuerto y ser debidamente identificada, debe ser considerada como aeronave hostil y sujeta a ser destruida.

 

La puesta en marcha de esta “ley de defensa de la soberanía del espacio aéreo” deberá estar acompañada con el Plan de radarización. Vale la pena recordar que el 80% del espacio aéreo sigue sin cobertura radar. Algo que afecta a la seguridad del transporte aéreo, además de tener sus consecuencias para la seguridad interior y la defensa nacional.

 

Reflexión Final

 

La falta de inversión en sistemas de vigilancia y control de fronteras están teniendo sus consecuencias. La gravedad es tal que llevó al gobierno federal a reconocer formalmente el problema de control de las fronteras con el llamado “Escudo Norte”. Problemas de índole legal, heredado de cuestiones políticas del pasado, impiden el uso óptimo de los recursos existentes, a pesar del estado precario de muchos medios militares. Estos medios con una modesta inversión pueden ser modernizados y/o reemplazados y pueden ser de suma utilidad para “sellar” las fronteras.

 

Las falencias en el control de las fronteras han permitido el crecimiento, expansión y fortalecimiento de organizaciones criminales, que ya son una amenaza real a las instituciones del Estado.  El caso de la provincia de Santa Fe es una prueba más que evidente de cómo las organizaciones criminales están dispuestas a desafiar el poder estatal. El crecimiento de las actividades ilegales en zonas de frontera, pueden y generalmente derivan en tensiones interestatales.  En la región un ejemplo de ello ha sido Colombia y Venezuela. Brasil es otro ejemplo, ha desplegado importantes fuerzas militares en zonas de frontera, no solo para contribuir a luchar contra actividades ilegales, sino para incrementar la presencia estatal en zonas sensibles.

 

En Europa también se observa un esfuerzo conjunto de organismos de seguridad y fuerzas militares para proteger las fronteras. Ejemplos de ello son España e Italia.  El uso racional de los recursos disponibles, sin redundancias, les permite a dichos Estados hacer un uso óptimo de los siempre limitados fondos financieros para garantizar la seguridad de sus fronteras nacionales.

 

La Argentina ha dado varios pasos importantes, se ha reconocido el problema de seguridad de fronteras, la necesidad de coordinar organismos y emplear los recursos disponibles (Operativo Escudo Norte), pero todavía queda un largo camino. Es preciso continuar con las inversiones y realizar cambios legales para permitir el aprovechamiento de determinados medios de las FFAA para apoyar el esfuerzo de garantizar la seguridad.

 

La presente propuesta permitirá a las FFAA recuperar ciertos niveles de operatividad; incrementar en parte de las capacidades existentes; facilitar el adiestramiento conjunto; elevado nivel de alistamiento de determinadas unidades; y  modernizar sus medios, especialmente en materia de vigilancia, transporte, ataque liviano, SAR,  comunicaciones, y guerra electrónica. Por otro lado el Estado contará con medios para materializar su presencia en áreas sensibles, garantizar la seguridad de la Nación.  La mejora de la capacidad del control de fronteras permitirá combatir eficazmente numerosos flagelos y garantizar una relación correcta con los vecinos. Cabe señalar que la existencia de organizaciones criminales transfronterizas es factor de desestabilización entre Estados vecinos (casos de Colombia en relación con Ecuador y Venezuela, en menor medida Brasil y Paraguay). 

 

Por último, nuestra propuesta implica el empleo coordinado y el aprovechamiento óptimo de los recursos de los contribuyentes en pos de garantizar la vida y la libertad de estos. Objetivos consagrados en la misma Constitución Nacional.

 

 

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Fuentes periodísticas

 

Diario La Nación.

Diario Perfil.

 

 

 

Legislación

Ley 23.554 de Defensa Nacional

Ley 24.059 de Seguridad Interior.

Ley 24.948 de reestructuración de las FFAA.

Decreto 1273/92. Reglamentación de la Ley de Seguridad Interior.

Decreto 1691/2006 de Funcionamiento y Organización de las FFAA

Decreto 727/2007 de reglamentación de la ley de Defensa Nacional.

Decreto 1091/2011 “Operativo Escudo Norte”

 

 

Notas.

1. IVANOV, Seguei: “Las Fuerzas Armadas de Rusia y sus prioridades geopolíticas”, revista Defensa, Madrid, n°323, marzo 2005.

2. citado en los fundamentos del “Proyecto de Ley de Creación del Cordón Marítimo y Aéreo de Seguridad para el control del tráfico de Estupefacientes”, proyecto 5081-D-2005 de los diputados Olinda Montenegro, Marta Teresa Ferrin, Fernando Montoya, Beatriz Leyba de Martí. Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

3. CALDERON, Horacio: “El “cartel de la Gran Aldea” del narcotráfico argentino” en Defensa y Seguridad nro. 56 (Buenos Aires, julio – agosto 2010).

4. CALDERON, Horacio, op.cit, pág. 20.

5. RODRIGUEZ Horacio: “Interdicción Estratégica al Narcotráfico”. Documento de Trabajo. Centro Aeronáutico de Estudios Estratégicos. Buenos Aires, 2013.

6. Las disposiciones de la AFIP/DGA establecen que entre las facultades del Departamento de Policía Aduanera se encuentran la realización de  investigaciones sobre ilícitos, realizar allanamientos; investigaciones vinculadas a la lucha contra el narcotráfico; facultades de fuerza pública en materia de prevención y represión de ilícitos en el tráfico internacional de mercaderías; etc. Ver GARIBALDI Daniel: La Seguridad Interior y sus Ausencias. En http://www.rebelion.org/docs/89091.pdf.

7. Si algún día se decide reformar el sistema de seguridad interior, las funciones de la Policía Aduanera debería ser asignadas a unidades especiales de las fuerzas de seguridad, transformando la dirección de policía aduanera en un organismo de coordinación.

8.  ver Decreto 1091/2011 “Operativo Escudo Norte”.

9. En la Sección de Economía y Negocios del diario La Nación, Martín Kanenguiser en “La oposición intentará limitar el gasto discrecional del gobierno” 10/9/2011 señala que según el diputado porteño Claudio Lozano, el gobierno federal ha manejado, fondos extra presupuestarios desde el 2003 hasta el presente año una suma de $ 220.345 millones. Dicha situación – la disponibilidad de importantes fondos fuera de presupuesto – permitió al gobierno en el presupuesto de 2012 disponer de  un abultado fondo. Esta realidad haría factible financiar la modernización propuesta.

10. La realidad en materia de seguridad interna ha incrementado las misiones de la FAM: interdicción de vuelos ilegales, detección de cultivos de enervantes, transporte y enlace de unidades especiales, lucha contra insurgencia. Ello motivó que el gobierno de México realice en estos años fuertes inversiones en su fuerza aérea, destacándose la incorporación de helicópteros medios y pesados (Mi-17/UH-60L/Mi-26T), aviones de transporte táctico medio (CN 235M y C-130 de segunda mano), licitación para adquirir un sistema AEW/C (la idea es implementar algo similar al SIVAM brasileño).

11. El Sistema de Vigilancia de la Amazonia es un proyecto liderado por la Fuerza Aérea de Brasil destinado a vigilar y controlar el espacio aéreo a través de una red de radares terrestres, centros de comando, aviones alerta temprana y guerra electrónica, helicópteros, aviones de ataque liviano. El objetivo es combatir los vuelos ilegales, vigilar las fronteras, disuadir a organizaciones criminales y terroristas con bases en países vecinos,  proteger los recursos de la región e incrementar la presencia del Estado brasileño en el área.

12. Se ha observado en fuerzas de seguridad fronterizas, tanto de Europa, Rusia y Asia. En todos los casos se observa sus características militarizadas, especialmente para aquellas fuerzas que operan en fronteras “calientes” donde tienen que hacer frente a organizaciones criminales y terroristas caracterizadas por su poder de fuego, beneficiados en muchos casos por contar con santuarios, facilitados por gobiernos corruptos, como de Estados incapaces de controlar sus propios espacios geográficos. 

13. RODRIGUEZ, Horacio, op. Cit.

14. Idem. Op.cit.