Policía Federal en Argentina. Necesidad de un cambio
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Abogado
Magister en Defensa
Corresponsal
para Diario El Minuto para Argentina
El nuevo “yo”
La Policía Federal, fue creada
en base a la entonces Policía de la Capital, institución que nació con la
federalización de Buenos Aires en 1880, por medio del decreto 17.750/43 el
presidente de facto general Ramírez. A partir de los años 1944/45 comienza el
crecimiento institucional. En 2017, fue
iniciado el traspaso de personal y medios destinados a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, dando origen con la fusión de la Policía Metropolitana, la actual
Policía de la Ciudad. Cabe destacar que
el personal de la Policía Federal (en adelante PFA) transferido a la Policía de
la Ciudad, no les fue consultado si realmente deseaban ser enviados a dicho
cuerpo. Nosotros consideramos que hubiera sido conveniente establecer un censo
de personal y que el traspaso fuera voluntario. En otras palabras, fueron
vulnerados derechos del personal que provenía de la Policía Federal.
La fuerza contaría según
estimaciones unos 29800 efectivos. En su organización encontramos: una
Jefatura, Subjefatura, y una estructura de conducción compuesta por
superintendencias Administración, Asuntos Internos, Bienestar. Federal de
Bomberos, Drogas Peligrosas, Institutos Policiales., Interior y Delitos
Federales Complejos, Investigaciones Federales, Orden Público, Planeamiento
Policial, Policía Científica, Seguridad de Estado y Protección del Sistema
Republicano, Seguridad y Custodia, Federal de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, Federal de Transporte. Además, cuenta con una serie de
direcciones generales dependiente del Jefe de Policía: Asuntos Jurídicos,
Coordinación Institucional, e Inteligencia Criminal
El Ministerio de Seguridad,
según fuentes periodísticas, en abril de 2017, la Policía Federal iba ser
organizada en 31 agencias especializadas en todo el país. El objetivo era
construir un modelo de organización orientado a la investigación e inteligencia
criminal contra organizaciones criminales complejas. Los políticos comenzaban hablar de un “FBI”
criollo, propuesta que volvió a ser anunciada por el presidente Alberto
Fernández, pero sin llegar a más que una mera declaración.
En atención al riesgo que
representan el crimen organizado, la presencia de inmuebles y organismos
federales en todo el país, y especialmente la necesidad de brindar un mayor
apoyo a la Justicia Federal, consideramos que la Policía Federal debe
incrementar su presencia, no solo como una fuerza de investigación de delitos
federales, sino como policía de seguridad en instalaciones de propiedad del
estado nacional, tomando como ejemplo el modelo de la Policía Federal de
Protección de Estados Unidos (Federal Protect Service o FPS). Esta fuerza es
responsable de vigilar, proteger y garantizar un entorno seguro en el que las
agencias federales puedan llevar a cabo sus actividades. El servicio logra esto
investigando las amenazas que se presentan contra más de 8.500 instalaciones
federales en todo Estados Unidos. El
sitio web oficial de la FPS señala que sus responsabilidades: lleva a cabo todo el espectro de actividades
de protección utilizando información basada en amenazas. Utilizamos nuestras
capacidades de investigación y coordinación de inteligencia como guía para
dirigir nuestras operaciones y proteger las instalaciones antes de que ocurran
las amenazas. Compartimos y recopilamos información con socios de seguridad y
partes interesadas para realizar análisis e identificar amenazas peligrosas y
comunes específicas para nuestros clientes. Utilizamos este análisis para
fundamentar nuestras operaciones de seguridad y prevenir el terrorismo,
gestionar los riesgos cibernéticos y físicos para infraestructuras críticas, y
proteger a los empleados, la propiedad, la información y las operaciones del
gobierno.
El Estado Nacional está presente
en todo el territorio de la Nación, a través de empresas públicas, organismos y
el Poder Judicial de la Nación. Esto impactará en el despliegue y organización
de la Policía Federal.
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Los
riesgos para la seguridad y su impacto en el diseño, organización y
adiestramiento de la Policía Federal Argentina
La Argentina está enfrentando
una creciente expansión del narcotráfico y otras manifestaciones del crimen
organizado. El poder de estas estructuradas, se ve potenciado con la apertura
comercial, el flujo de bienes y personas, el crecimiento económico, elevados
índices de informalidad, el desarrollo tecnológico y el tránsito de actores no
estatales que comercializan elementos ilícitos. Estas “empresas criminales”
representa un desafío para el Estado y son un riesgo visible. El país es un centro de lavado de activos y un
punto importante de tránsito del comercio de drogas ilegales a nivel
internacional. No existen al parecer grupos locales de proyección internacional.
Las organizaciones criminales
transnacionales han llevado a cabo durante un lapso importante de tiempo,
varios tipos de actividades ilícitas. Existen elementos que permiten inferir
que los grupos criminales del país desarrollaron lazos con actores externos -
todavía a pequeña escala – pero están creciendo en su capacidad para ejercer
violencia, control territorial y sofisticación.
En la región metropolitana de
Rosario, los grupos criminales, llevaron a la intervención de fuerzas
federales, dado su poder de control territorial. En Salta se identifican
también la aparición de “familias” o “clanes” criminales. Los problemas derivados de la creciente
presencia de organizaciones criminales en el Gran Norte, llevó al despliegue de
elementos de las Fuerzas Armadas para apoyar el esfuerzo de las fuerzas de
seguridad federales. A pesar de los limitados efectos, puso en evidencia el
desafío que presenta las actividades del narcotráfico en la frontera
norte. El nivel de informalidad de la
economía, las limitaciones en materia de controles y la situación social,
permitieron la expansión de redes criminales, no solo vinculados al tráfico de
drogas, trata de personas, sino también al contrabando, actividad ilícita de vieja
data, gracias al conocimiento de pasos ilegales, redes de corrupción y
conocimiento del territorio, facilita de alguna manera que grupos criminales se
interesen en generar lazos con actores locales para expandirse.
Argentina es el tercer mercado a
escala global para productos ilegales derivados de la coca, detrás de Estados
Unidos y Brasil. Las rutas hacia el Sur desde los centros productores en
Bolivia y Perú, son más rentables y menos riesgoso que Colombia, donde los
grupos de dicho país tienen un control casi absoluto de redes de
comercialización.
El negocio del narcotráfico está
en manos de poderosas organizaciones principalmente mexicanas y colombianas, y
en menor medida brasileñas y peruanas. Dichas organizaciones son las encargadas
de desarrollar los negocios para la provisión, tráfico y posterior venta
“minorista” en los mercados argentinos o para su envío por medio marítimo a los
mercados de África y Europa; consecuentemente,
se encargan de los grandes cargamentos que son introducidos en Argentina desde
Bolivia o Paraguay por vía aérea a través de las denominadas «lluvias blancas»
o a través de las más de 500 pistas clandestinas existentes en ese país. [1]
La corrupción facilitó el
desarrollo de redes clientelares con funcionarios policiales, judiciales,
aduanas, migratorios, como también con organizaciones de la sociedad civil,
tales como gremios, organizaciones empresarias, asociaciones caritativas y
entidades financieras. En lo que respecta a fuerzas policiales provinciales, en
muchos casos, su permeabilidad a la complicidad con redes criminales es cada
vez más frecuente. Por otro, lado dichas instituciones, además carecen de
estructuras adecuadas para lidiar con la complejidad del delito trasnacional.
La infiltración de las
organizaciones criminales en capas de la población, amenazan la legitimidad del
estado y por ende su control del territorio, agregándose la amenaza cierta a la
plena vigencia de los derechos consagrados en nuestro ordenamiento
constitucional. Los problemas de control
del territorio, abren una ventana de oportunidad para estas organizaciones para
expandirse y poner entredicho el concepto de soberanía.
En el sur del país aparecieron
elementos autoproclamados “mapuches” y bajo el supuesto de reivindicaciones
sobre este grupo social, derivaron en una agenda violenta, cuestionamiento a la
legitimidad del estado de derecho e incluso la soberanía argentina, poniendo
especial atención en parques nacionales, reservas de biodiversidad y agua
dulce, además de proyectarse sobre el área petrolera de Vaca Muerta. Estos
elementos minoritarios, representan un serio desafío si el proceso de
radicalización se expande a sectores marginados y juventudes frustradas. Las
fuerzas policiales provinciales han sido incapaces de lidiar con este problema,
agregándose cuestiones de índole política que limitaron su accionar.
Las innovaciones en materia
tecnológica, transformaron al ciberespacio en un nuevo campo para la
delincuencia transnacional. La irrupción de la Inteligencia Artificial, es otro
desafío que deben afrontar las fuerzas de aplicación de la ley. Las organizaciones criminales pueden amenazar
a infraestructuras críticas del Estado en su accionar. Por ende, es preciso
contar con capacidades para preservarlas.
En grandes conglomerados
urbanos, como el Gran Buenos Aires o en barriadas pobres de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, también se observa el control territorial de determinados
grupos criminales. Las provincias en muchos casos no cuentan con recursos
adecuados para investigaciones de cierta complejidad y en más de un caso
requieren la asistencia federal.
Estos factores serán condicionantes
para la Policía Federal en materia de despliegue, reclutamiento del personal,
dado el perfil de la nueva fuerza propuesta.
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GEOF
La
Nueva Policía Federal.
Los cambios propuestos para la
PFA, abarcan la racionalización de estructuras, cambios en la organización
destinados a incrementar la presencia territorial de la citada fuerza policial
en todo el país.
La Ley 27.146 de Organización de
la Justicia Federal en lo Penal, establece la organización de los tribunales de
dicho fuero. La norma prevé 14 distritos en todo el país, donde se asientan las
cámaras federales, juzgados y demás dependencias del Poder Judicial de la
Nación. No olvidemos las fiscalías
federales. Ello requerirá mayores recursos para brindar seguridad a
funcionarios, instalaciones, como también a personas en el marco del programa
de testigos protegidos.
La Dirección Nacional de
Migraciones, la Agencia Federal de Ingresos Públicos, como de otros organismos
federales, también cuentan con delegaciones en el interior del país. La PFA
como policía auxiliar de dichos organismos, también deberá contar con elementos
especializados.
Las Delegaciones de Policía
Federal en las capitales provinciales, cumplirán el rol de enlace con
autoridades y policías locales. A través
de estas dependencias, la PFA no solo establecerá mecanismos de cooperación en
materia de investigaciones, inteligencia criminal, sino procedimientos de
asistencia en materia de capacitación, despliegue de medios y personal a
requerimiento de los gobiernos provinciales en materia de apoyo a la seguridad
pública, investigaciones judiciales.
El número de efectivos, la
magnitud del territorio nacional, los desafíos a enfrentar, los limitados
recursos demandan contar con una organización altamente flexible, profesional
que aproveche racionalmente los medios y recursos disponibles. A nuestro juicio
la Policía Federal debería concentrar sus esfuerzos en:
1. Crimen
organizado, Narcotráfico y Delitos complejos;
2. Delitos
económicos y tributarios;
3. Trata de
personas;
4. Control
migratorio;
5. Delitos
contra el medio ambiente;
6. Ciberseguridad/delitos
informáticos;
7. Ley de
armas y explosivos: combatiendo el mercado negro de armas.
8. Seguridad
en el transporte bajo jurisdicción federal;
9. Protección
de testigos, altos funcionarios federales, magistrados, seguridad VIP;
10. Contraterrorismo;
11. Seguridad
de dependencias judiciales y del ministerio público a nivel federal;
12. Formación
de policías provinciales;
13. Apoyo a
servicios de protección civil y bomberos;
14. Inteligencia
criminal;
15. Seguridad
aeroportuaria;
16. Cooperación
en la seguridad en sistemas de comunicaciones e informáticos del Estado
federal;
17. Protección
de edificios e instalaciones federales;
18. Policía
de tránsito en caminos bajo competencia federal;
19. Policía
de orden público en los términos de la Ley 24.059 de Seguridad Interior;
Reestructuración
y reorganización
A nuestro modesto juicio, la PFA
precisa una reestructuración y una profunda reorganización, tanto en su
estructura de comando y control, como en materia de despliegue territorial. El
objetivo, un uso racional de capacidades y medios. La racionalización orgánica
traerá ahorros que permitan concentrar recursos en operaciones.
El órgano de conducción de la
PFA, el Departamento Central,
debería reorganizarse bajo la dependencia del Jefe de Policía Federal, creando
tres áreas definidas:
1. Operaciones
e Informaciones;
2. Logística
y Administración;
3. Recursos
Humanos y Educación.
Directamente dependiente del
Jefe, encontraríamos la Dirección de Inteligencia Criminal, Secretaría General
y un Estado Mayor. En este último caso este organismo cumpliría las funciones
de apreciación de la situación, en la formulación de planes y en el control de
gestión de los organismos de ejecución.
Esta reorganización significará la racionalización de las estructuras,
eliminando redundancias, facilitando el comando y control, y ajustada al
principio de economía de medios.
El Área de Operaciones,
proponemos crear el Comando de Coordinación Federal, responsable del nivel
operacional, del cual dependerán las unidades territoriales de seguridad,
investigaciones, aviación policial, bomberos y fuerzas especiales. Estos
estarán distribuidos en 14 distritos, coincidentes con los fijados para la
Justicia Federal en lo Penal por la ley 27.146. En los Distritos habrá agencias multifuncionales
como también para tareas específicas (para funciones de policía auxiliar
sanitaria, aduanera, fiscal, migratoria, etc).
Asimismo, se mantienen las
Delegaciones en cada provincia, al que denominaremos Destacamentos de Enlace, a
los fines implementar mecanismos de cooperación/coordinación entre la PFA y
fuerzas provinciales.
En materia de Aviación Policial,
consideramos pertinente seguir el ejemplo de Reino Unido, para la conversión del
Cuerpo Federal de Aviación en un componente común para las provincias que
decidan adherirse. Esto permitirá ahorrar recursos, racionalizar estructuras y
estandarizar la logística. Podrá
aprovecharse en este proceso de expansión de la Aviación de la PFA,
instalaciones de las Fuerzas Armadas.
En lo referente el Área
de Logística se integrarías las superintendencias de administración, y
planificación, aglutinados en un Comando Central de Logística, y finalmente el
Comando de Personal y Educación, con competencias en materia de bienestar,
educación, y capacitación.
Las Unidades Especializadas del
Ministerio Público Fiscal contarán con “Equipos Especiales” de la PFA
debidamente preparados en las áreas de competencia de dichas unidades fiscales
del cual dependerán operativamente.
En lo referente a unidades de
adiestramiento especial, consideramos pertinente que se encuentren con un mando
unificado, lo que facilitaría el adiestramiento, reclutamiento, sostén
logístico y empleo racional de recursos.
Es por ello proponemos crear el Comando Especial de Intervención Federal
o CEIF, dependiente de Coordinación Federal, formado por elementos del GEOF,
Grupo Especial 1 y policía de orden público.
El CEIF contaría con bases ubicadas en puntos clave para el rápido
desplazamiento de sus elementos para un amplio abanico de operaciones especiales.
Asimismo, el CEIF, como policía de orden público, sería una suerte de reserva
para las policías provinciales, evitando el despliegue de Gendarmería, cuyas
responsabilidades deberían concentrarse en otros espacios.
En el marco de potenciar las
fuerzas de operaciones especiales, siguiendo el ejemplo español de los GRECO
(Grupos de Respuesta contra Crimen Organizado), proponemos crear grupos de
características similares. Estas unidades territoriales de la policía española
cuentan con personal altamente calificado, tecnologías punteras e importantes
recursos materiales, son equipos de investigación del Cuerpo Nacional de
Policía con alta especialización enfocados en combatir las organizaciones
criminales, la delincuencia organizada y el narcotráfico. Dependen de la Unidad
de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Comisaría General de Policía
Judicial, y cuentan con un amplio historial operativo. Cabe destacar dentro de la misma UDYCO existe
una División de Formación responsable de brindar una adecuada capacitación a
los oficiales que se integren a la Unidad.
La PFA activará este tipo de grupos especiales contra el crimen
organizado en áreas o zonas de actividad de estas organizaciones criminales.
En este proceso de cambios consideramos
pertinente revisar la existencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria o PSA.
Tomando el ejemplo alemán, su Policía Federal, abarca el área de fronteras y
aeropuertos. Dado una realidad
particular para el caso de nuestra Gendarmería, creemos que las fronteras
terrestres deben ser protegidas por una fuerza de naturaleza militar. En el
caso de los Aeropuertos, observamos carencias de medios de la PSA (subsanados
por empresas de seguridad privada), agregándose los numerosos organismos que
intervienen en el Sistema Nacional Aeroportuario, que incluye la PFA a través
de INTERPOL. La fusión de la PSA con la
PFA es necesaria, facilitaría aún más la coordinación entre las agencias del
Estado, promovería el uso racional de recursos, además de ser una puerta de
“entrada” al país, mejoraría la capacidad de lucha contra delitos vinculados
con organizaciones trasnacionales.
Los Bomberos de la PFA, debería
centrar sus responsabilidades en programas de adiestramiento de cuerpos de
bomberos provinciales, policía en materia de aplicación de normas ambientales,
protección civil, desactivación de artefactos explosivos, protección NBQ, lucha
contra incendios forestales, lo que demandará contar con medios adecuados,
además de la tradicional función en los aeropuertos.
En materia de seguridad en el
transporte, la PFA deberá incrementar su presencia en terminales de
ferrocarriles, ómnibus, que consideramos más que importante, especialmente para
combatir determinados delitos, como son el tráfico de drogas, contrabando y la
trata de personas.
La PFA entre sus
responsabilidades será la de apoyar a policías provinciales en tareas de
prevención e investigación. Consideramos que la fuerza debería contar con una
reserva de efectivos que puedan ser desplegados en apoyo a las autoridades provinciales
que así lo requieran, siguiendo el modelo de adscripción aplicado en España o
el de “policía por contrato” vigente en Canadá, donde autoridades locales
contratan a la Real Policía Montada para prestar servicios de policía local. En
ambos casos, las autoridades locales acuerdan sufragar parte o totalmente los
gastos derivados del despliegue, en el caso de España, de personal del Cuerpo
Nacional de Policía. Esto implica según el acuerdo, contribuir en el pago de
salarios del personal policial desplegado en la Comunidad Autónoma que alcance
un acuerdo de Adscripción de Unidades de Policía Nacional con el Ministerio del
Interior. En el caso canadiense gran
parte de las provincias, tienen acuerdos con el gobierno federal, por el cual,
fuerzas de la Real Policía Montada, quedan bajo control operativo de los
gobiernos provinciales, asumiendo los gastos de funcionamiento. Generalmente el gobierno federal cubre el 30%
del presupuesto. Esto deriva de los acuerdos celebrados por los gobiernos
provinciales o municipios con las autoridades federales. En muchas áreas remotas, la presencia de la
Real Policía Montada, es una herramienta por la cual el estado federal está
presente en espacios de interés.
El modelo propuesto de
“adscripción” podría ser una herramienta por el cual, estados provinciales
podrían “contratar” a la PFA para realizar funciones policiales en áreas
sensibles, en áreas de frontera, zonas urbanas donde la presencia policial es
insuficiente, para la seguridad de infraestructuras clave o para la protección
de funcionarios políticos, judiciales, etc.
La
educación
La transformación de la PFA sin
ninguna duda impactará en la educación, selección y adiestramiento del
personal. Consideramos que será prioritario un importante esfuerzo para mejorar
el nivel cualitativo del personal. Los cambios que proponemos serian:
1. Escuela
de Agentes: de carácter regional, brindarán formación de un
año de duración. Esto permitirá reclutar personas de distintas provincias, y
puedan recibir formación policial sin necesidad de venir a Buenos Aires. Asimismo, estas Escuelas Regionales, pueden
servir para formar agentes de policías provinciales. Luego de período mínimo en
destino, los agentes efectuarán las especializaciones o llegado el caso
ingresarán a la Escuela de Suboficiales de la PFA, donde egresarán con la
jerarquía de cabo o cabo 1o y un título terciario otorgado por el Instituto
Universitario de Policía Federal. También existirá un programa de reclutamiento
de técnicos, especialistas en determinados oficios, profesiones de interés para
la carrera policial (enfermería, mecánicos, etc).
2. Escuela
de Suboficiales: los agentes para ascender al grado inmediato
superior (cabo) luego de haber cumplido una antigüedad mínima de dos años,
deberán realizar los cursos pertinentes y obtener una tecnicatura terciaria de
dos a tres años de duración.
3. Escuela
de Especialidades y Técnicas Policiales: destinado a capacitar
oficiales, suboficiales y agentes en distintas especialidades policiales,
incluyendo fuerzas especiales, destinada tanto a personal de la PFA, como otras
policías como FFSS como fuerzas policiales provinciales.
4. Escuela
Federal de Aviación Policial: destinada a capacitar personal
de pilotos, técnicos y de mantenimiento tanto de la Policía Federal como de
otras fuerzas policiales provinciales.
5. Escuela
Federal de Bomberos. La PFA sería la autoridad nacional para la
capacitación de bomberos, contando con centros regionales de capacitación en
estrecha cooperación con organismos de protección civil. Tendrá articulación
con carreras afines con el IUPFA.
6. Escuela
de Oficiales. Todo el personal egresado obtiene un título
terciario en seguridad. Alcanzado la jerarquía de subcomisario, el personal de
oficiales deberá contar con un título de grado (licenciatura o su
equivalente). Por otra parte, dado la
complejidad de misiones y responsabilidades, consideramos abrir la carrera a
profesionales universitarios de determinadas áreas. En lo que concierne a las
Policías provinciales, los mejores promedios serán invitados a cursar o terminar
sus estudios en la Escuela de Oficiales de la PFA.
7. Escuela
Superior. Destinada a Jefes y Oficiales Superiores, tanto
de la PFA como de las Policías Provinciales, como también de las otras FFSS, en
lo concerniente a formar jefes de unidades policiales.
El Instituto Universitario de la
Policía Federal o IUPFA debería convertirse en un instituto de proyección
nacional, con facultades regionales para dictado de carreras afines a la
seguridad pública, transformándolo en un centro de referencia nacional y regional
en la formación/capacitación de profesionales del área de seguridad.
Política
de bienestar
La PFA precisa una política de
bienestar para el personal y sus familias. En lo referente a la prestación de
salud, consideramos que las funciones de la actual Superintendencia de
Bienestar, deberá ser reemplazada por una Obra Social, bajo la ley 23.660. Esto
permitirá crear una entidad separada de la cadena de mando, patrimonio propio, control
de la Superintendencia de Servicios de Salud, acceso al Fondo de Solidaridad
previsto por la citada ley. El
establecimiento de un régimen de controles externos, permitirá a los afiliados
realizar reclamos, un régimen de sanciones y mecanismos de control externo de
las prestaciones.
La existencia de una Obra
Social, permitirá actuar con mayor flexibilidad, para ampliar la base de
afiliados, celebrar acuerdos con otras prestadoras de salud, a los fines de
mejora la calidad de los servicios a los afiliados. La creación de una entidad con patrimonio
propio, evitará estar sujeta a vaivenes presupuestarios de la PFA.
La política de bienestar que
proponemos consistirá en programas de becas de estudio para el personal
policial y su familia, recreación, créditos para la vivienda y subsidios habitacionales
tanto para el personal en actividad como retirado para quienes alquilan, bolsa
de empleo para personal policial y programas de reinserción laboral para
retirados.
Comisión
Nacional de Seguridad Pública: propuesta de control de la Policía Federal
El control de la PFA como de
otras FFSS, quedará en manos de una Comisión Nacional de Seguridad Pública,
entidad técnica que funcionará en el ámbito del Congreso, responsable de
garantizar la calidad institucional, lucha contra la corrupción, transparencia,
neutralidad política de la PFA. El presidente será designado por el principal
bloque opositor en las Cámaras del Congreso y con funcionarios que representen
el ámbito académico, político, ministerio público, poder judicial.
Final
Rápidamente hemos hecho algunas
propuestas concretas para la PFA, destinada a fortalecer su presencia en todo
el país, promover el uso racional de capacidades, mejorar su estructura de
comando y control, un nuevo despliegue territorial y la introducción de cambios
muy importantes, como la fusión con la PSA, que consideramos que es un debate
que debe hacerse. La PSA surgió a raíz de una cuestión política circunstancial
y no como consecuencia de estudios y una necesidad real.
El modelo propuesto, significa
el fortalecimiento de la PFA como una institución con presencia en todo el
país. Los riesgos enumerados sucintamente en este trabajo, ponen en evidencia
la necesidad de reforzar la seguridad de instalaciones federales y
especialmente de integrantes del Poder Judicial y Ministerio Público.
El despliegue en 14 distritos,
sobre la base de la organización de la justicia federal, facilitará la
comunicación entre la PFA con dicho ámbito como también con el Ministerio
Público Fiscal. Asimismo, se promueve la
creación de unidades especializadas para cumplir cometidos de policía auxiliar
en materia aduanera, fiscal, migratoria, etc.
La realidad criminal en
Argentina, exige contar con unidades policiales altamente especializadas, donde
cobra especial importancia las fuerzas especiales. Esto se traduce no solo con
la propuesta de crear un Cuerpo Especial que aglutine el célebre GEOF, sino
unidades de orden público. La penetración de organizaciones criminales en áreas
urbanas y el creciente incremento de su poder de control territorial, demandan
capacidades para actuar frente a esta amenaza.
Las policías provinciales, por
falta de recursos, desidia y corrupción, no están preparadas para lidiar con la
complejidad de los grupos criminales. Es por ello que encontramos en el modelo
canadiense la posibilidad que la PFA pueda de manera temporaria en determinadas
ciudades y/o localidades cumplir funciones de policía local. Esto sería una interesante respuesta, para
materializar la presencia del estado federal en zonas de frontera o en áreas de
valor estratégico, que requiera una especial atención. Por otro lado, los Destacamentos de Enlace en
las provincias, se vinculan con crear mecanismos de cooperación no solo en
materia de inteligencia criminal, investigaciones, sino de apoyo a la
modernización de las fuerzas policiales provinciales. El objetivo será
convertir a al PFA en un modelo a seguir. Ello requerirá un gran esfuerzo en
materia de selección del personal, calidad institucional y lucha contra la
corrupción.
En materia de educación, ante los
desafíos de seguridad, exigen un nuevo perfil de policía federal. Los agentes
para continuar en la carrera como suboficial, deberán alcanzar una tecnicatura
terciaria, creando una escuela de suboficiales, diferenciada de la escuela de
agentes. La creación de escuelas regionales para Agentes, ampliará la base
social y geográfica en materia de reclutamiento del personal de la PFA. Esto permitirá contar con personal conocedor
de su entorno, aspectos culturales de la región de donde provienen, que será de
sumo valor para labro de la PFA en todo el país. En base a un mínimo de antigüedad, los
agentes podrán postularse para seguir la carrera de suboficial como también de
oficial. En el marco de los cambios
propuestos, proponemos la posibilidad de establecer canales para el
reclutamiento de “especialistas”, personal con formación en determinados
oficios y titulaciones técnicas, especialmente para áreas de mantenimiento,
logística, administración, sanidad.
La carrera de Oficiales también
sufre cambios, no solo egresarán con un título, sino que su formación es
constante. Quienes aspiren a ser Oficiales jefes, deberán acreditar una
titulación universitaria. En el caso de los Oficiales Superiores, nivel
posgrado. Asimismo, proponemos crear mecanismos que permitan que profesionales
con titulaciones terciarias/universitarias, puedan hacer la carrera de
Oficiales. La complejidad del delito, requiere habilidades y conocimientos
especiales, como por ejemplo en el campo de la informática.
La política de bienestar es otra
innovación, donde la familia policial, tendrá una Obra Social, con patrimonio
propio, administrada por sus afiliados y con controles externos, que garanticen
una buena prestación. Otras cuestiones
no menos importantes, programas de vivienda, becas de estudios, asistencia para
el pago de alquileres, programa de reinserción a la vida civil para retirados.
En el marco de las propuestas de
cambio, introducimos la idea de la Comisión Nacional de Seguridad, un organismo
que velará por la calidad institucional de las Fuerzas Federales, lucha contra
la corrupción y garantizar su neutralidad política, tomando el ejemplo de la
Comisión de Seguridad Pública que existe en Japón. Estamos ante un organismo
independiente con representantes políticos, académicos, del poder judicial,
independientes, destinados a garantizar que las instituciones responsables de
la seguridad sean eficaces y estén al servicio de los ciudadanos.
La Nueva Policía Federal
propuesta, no es un “FBI argentino” que consideramos que es un mero ajuste presupuestario,
un adelgazamiento, sino es una profunda reforma, destinada a ser una fuerza con
mayor presencia territorial, una mejora cualitativa del personal, apta para
poder hacer frente a los desafíos que presentan el crimen organizado y otras
amenazas a la seguridad.
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